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29/12/2017

COMPLIANCE EN COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE MADRID

Los colegios profesionales son corporaciones de derecho público, instituciones con una naturaleza de carácter público-privado.

El artículo 31.1 quinquies de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, recoge que las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, las Administraciones públicas territoriales e institucionales, los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, las organizaciones internacionales de derecho público ni  aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas.

Ahora bien, según la Circular de la Fiscalía General del Estado, 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas determina que las “potestades públicas de soberanía o administrativas”, por su tenor literal se refiere solo a administraciones públicas y no a los entes de naturaleza asociativa privada, quedando según esta interpretación, los Colegios profesionales, las Cámaras de comercio, los sindicatos y los partidos políticos fuera del artículo y quedando sujetos a responsabilidad jurídica.

En este ámbito es destacable la reciente noticia recogida en el diario farmacéutico EL GLOBAL* sobre la apuesta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid por el compliance, convirtiéndose así en el primer colegio de profesionales farmacéuticos en implantar un modelo de cumplimiento normativo, continuando los primeros pasos iniciados en el 2016 con la creación de su Protocolo e Prevención y Detección. Cabe recordar que desde el 2002 el COFM posee la marca Madrid Excelente, que otorga la Comunidad de Madrid a las organizaciones que integran valores diferenciadores, como son el compromiso con la implantación de nuevas tecnologías, políticas medioambientales activas, creación de empleo, adaptación social y políticas de carácter social.

Se trata de un avance importante en la apuesta ética de este tipo de corporaciones que reúnen a un gran número de colegiados –el COF de Madrid más de 8.000- y en este caso en un ámbito especialmente relevante como es lo es el sanitario-farmacéutico, sujeto a una amplia regulación pública.

Los aspectos más sensibles de este programa pionero se concretan especialmente en el ámbito del tratamiento de datos, conflictos de intereses, la seguridad de la información, propiedad intelectual e industrial y el medioambiente.

Sin duda, una buena noticia, que acerca a este colectivo al compromiso por la ética y la cultura normativa.

 
*Manuel J. Quintana, periódico EL GLOBAL, Madrid.

 


 
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