El PSOE ha decidido ser la primera organización política en ponerlo en práctica. Hablamos de regeneración, de transparencia, de controles internos... Y de un plan de prevención del delito para luchar contra la corrupción más allá de la retórica, los códigos éticos de los partidos y las efímeras promesas electorales.
Quédense con el nombre: "compliance program". Es una especie de protocolo preventivo que ya funciona en otros países y que en España empezó a implementarse en grandes empresas como consecuencia de la aprobación del Código Penal de 2015 que configuró la responsabilidad penal de las personas jurídicas, incluidos sindicatos y partidos políticos.
Desde entonces, una persona jurídica puede ser responsable penalmente por una lista cerrada de delitos cometidos por sus directivos o empleados y puede enfrentarse a penas de multa que van desde 5.000 euros hasta 9 millones de euros, a la suspensión temporal del negocio o a su disolución definitiva.
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