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Reflexiones sobre el fraude del vino español vendido como francés

Por: Abraham Muinelo

La estafa nos muestra la necesidad de implantar planes compliance eficientes en el sector agroalimentario.

A pesar de la integración y desarrollo de la legislación y de los organismos de control, existen ciertas prácticas que se han desarrollado a lo largo de la historia, afectando a la credibilidad del producto y del sector. 

Con la detección de unas 100.000 botellas fraudulentas, nos encontramos ante una nueva situación delictiva en Francia, nación que pese al excelente trato que suele dar a sus productos y marca país, en los últimos años ha mostrado cuestionables estrategias mercantiles. 

La historia nos muestra precedentes

Debido a la naturaleza del negocio, incluso en las propias regiones de Francia comenzaron a crear sus propios vinos y etiquetarlos como productos de Burdeos. Esta práctica afectó a los beneficios en Aquitania y los viticultores solicitaron a la administración una legislación que protegiese sus productos y etiquetados. Con esta finalidad se creó el Institut National des Appellations d'Origine (desde 2007  Institut national de l'origine et de la qualité)

Tras la creación del INAO en 1935, se aprobaron en 1936 las primeras leyes AOC, por lo que todas las regiones de Francia tuvieron que hacer referencia a su lugar de producción. Esto nos muestra que el control era necesario ya en aquella época, destacando que, aunque de forma ineficiente, la gestión gubernamental de los productos agrícolas en Francia comenzó con la ley de 1 de agosto de 1905. 

El fraude en el siglo XXI

En la actualidad, a pesar de una amplia legislación, organismos de control, exigentes normas de etiquetado y sistemas de trazabilidad, podemos constatar acciones fraudulentas como la que acaba de detectar la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), que ha confirmado que unas 100.000 botellas de vino rosado español fueron embotellados y falsamente etiquetados como añadas francesas por cientos de productores en 2016 y 2017.

Alexandre Chevallier, director de la DGCCRF (Dirección General de la Competencia, del Consumo y de la Lucha contra el Fraude), indicaba que la agencia había sido alertada del presunto fraude en 2015. Así pues, numerosas empresas y establecimientos fueron sometidos a diversos controles para constatar las irregularidades.

Las causas principales

El motivo fundamental es la excelente relación calidad precio del producto español, destacando la notable diferencia de precio ya que en aquellos años el granel de vino rosado español era de 34 céntimos el litro.

La sobreproducción ha sido un problema endémico del sector en muchos países. A pesar del ingente esfuerzo que conlleva trabajar la viña y elaborar vino, el exceso de producción en España produce situaciones en las que el producto se vende a granel a precios sin competencia. Este hecho genera en algunos casos confrontaciones con otros países, pero en otros les entrega la posibilidad de que compren vino español de excelente relación calidad/precio y generen valor en destino.  

A ello se suma el elevado consumo de vino rosado en Francia, sobre todo en época estival, por lo que muchas bodegas carecen de stock.

No obstante, el problema radica cuando se incumple la legislación y se engaña al consumidor.

En el caso que nos ocupa, el sistema usado era mostrar en las etiquetas de las botellas dibujos de chateaux ficticios para que el consumidor lo asociase a vino francés. En otros casos, se mostraba la bandera y/o se mencionaba en la etiqueta “producido en Francia” a lo que se sumaba una discreta y ambigua aclaración en la parte posterior “vino de la Comunidad Europea”. 

Cabe destacar que para que este tipo de fraudes se produzcan es necesario la actuación de diferentes agentes, desde la relajación en los controles, hasta la participación de bodegas, distribuidores, importadores, vendedores y hosteleros. 

Como podemos observar en situaciones de esta naturaleza, al igual que en la política, suelen unir más los intereses que los ideales. Cabe subrayar que una de las fortalezas de Francia es su marca país, por lo que aunque en este caso se trate de vinos relativamente económicos, por extensión, la pérdida de crédito siempre afectará, en mayor o menor medida, a la fiabilidad de un sector. 

Además, este tipo de prácticas no son cuestión baladí, ni hablamos de mera “picaresca”, ya que, entre otros, se pueden incoar delitos de organización criminal, usurpación de signos de calidad  y AOC, los cuales conllevan elevadas multas e incluso años de prisión. 

En una línea similar, aunque ya simulando productos de mayor calidad, cabe recordar el reciente caso de Guillaume Ryckwaert, dueño de la firma Raphaël Michel S.A, quien fue acusado, entre otros delitos, de hacer pasar unos 40 millones de botellas de vino clasificadas como de alta gama Vin de Francia, Côtes du Rhône, Châteauneuf du Pape y otros A.O.C. Como podemos concluir, para llevar a cabo este tipo de fraudes es necesaria una compleja organización delictiva. 

Por tanto, son fundamentales la implantación de mecanismos de control eficientes para el cumplimiento de la legislación y el control el fraude, ya que el impacto no solo se produce sobre el producto, la empresa o la zona, sino que se hace extensivo al sector agroalimentario y a la marca país.

Un dato representativo es que en España, ya en 1594, existían las Ordenanzas Municipales de Ribadavia, en las que se determinaban los lugares y parroquias que podían producir y vender vino de O Ribeiro, qué operaciones de manipulación estaban permitidas y qué sanciones tendrían quienes incumplieran dicha Ordenanza, la cual podría considerarse precursora de los actuales reglamentos. Una vez más, podemos observar el amplio patrimonio vitivinícola español.

Como podemos concluir, todos los sectores económicos, destacando un sector estratégico como el agroalimentario, sujeto a políticas de control y una prolífica legislación, pueden ser objeto de múltiples fraudes, con el agravante, en algunas ocasiones, de poner en riesgo la salud pública. Es por ello que la implantación de planes compliance eficientes suponen una inestimable herramienta estratégica para el sector. 

Abraham Muinelo

Presidente AIDEV Internacional

Director IWS Consultores

Comité compliance en el sector agroalimentario de la WCA

 


 
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