Se formula acusación contra tres personas por conspiración y soborno para contrabandear teléfonos móviles en una prisión federal privada (EEUU)

El miércoles 23 de agosto se presentó acusación contra Charles Daniel Lynn, de 34 años, de El Reno, Oklahoma; Armando Tabares, de 30 años, de Mission, Texas, y José Tomás Castillo-Garza, de 39 años, actualmente detenidos en la Oficina de Prisiones de los Estados Unidos bajo custodia, por conspiración para cometer fraude telefónico y soborno, según anunció Mark A. Yancey, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Oklahoma.

El 16 de agosto de 2017, un gran jurado federal devolvió una acusación alegando que Lynn era un funcionario de prisiones en el Great Plains Correctional Facility, una oficina federal de prisiones bajo contrato, en Hinton, Oklahoma. Great Plains alberga a más de 1 800 reclusos federales.

La acusación alega que, en el verano o a principios del otoño de 2016, el preso Castillo-Garza le pidió a Lynn que introdujera teléfonos móviles en las instalaciones. Lynn y Castillo-Garza, supuestamente, acordaron que Lynn recibiría miles de dólares por transferencia bancaria a cambio de su contrabando de teléfonos móviles y otros contrabandos en la prisión. La acusación alega además que Castillo-Garza se organizó con Lynn para que el cuñado de Castillo-Garza, Tabares, envíe transferencias electrónicas y contrabando a Lynn.

Según la acusación, Castillo-Garza y otros reclusos que trabajaban con él amenazaron la seguridad de otro recluso para asegurar la promesa del preso de conseguir que el dinero fuera transferido a Lynn fuera de las instalaciones. Se alega que Castillo-Garza se había coordinado con otro preso para enviar fondos adicionales a Lynn. En total, aproximadamente 7 750 dólares fueron enviados a Lynn como sobornos para el contrabando en la prisión, según la acusación.

La acusación señala que Tabares y Lynn se comunicaron sobre los tipos de contrabando que debían realizar y que Tabares compró los materiales y envió aproximadamente 8-9 paquetes a Lynn entre octubre y diciembre de 2016. Después de que Lynn recibiera los paquetes, introdujo los productos en la prisión, incluyendo teléfonos móviles, y entregó los artículos a Castillo-Garza, según el escrito de acusación. También se alega que Lynn escoltó a Castillo-Garza a varias partes de las instalaciones para distribuir el contrabando entre otros presos.

Si los tres acusados son condenados, se enfrentan a penas de hasta 20 años de prisión y una multa de 250 000 dólares. Respecto a Lynn, se le acusa de la aceptación de un soborno como funcionario público y a Castillo-Garza y Tabares, del soborno a un funcionario público. Si son condenados por el soborno, cada acusado se enfrenta hasta a 15 años de prisión y una multa de 250 000 dólares.

El Departamento de Justicia de los EEUU recuerda a los ciudadanos que estos cargos son meramente acusaciones y que los acusados son presuntos inocentes a menos que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable.

Fuente: Departamento de Justicia de los EEUU