El conflicto catalán ha eclipsado de tal modo la actividad política que apenas deja margen para hablar de corrupción. Sin embargo, en el Congreso avanza la tramitación de la Ley Integral contra la Corrupción, una norma que, según prevén PP y PSOE, estará aprobada en el primer semestre de 2018.
El texto, propuesto por Ciudadanos, incluye asuntos tan variados como la prohibición de los indultos a los condenados por corrupción, medidas para proteger al denunciante y la tipificación como delito del enriquecimiento ilícito, por lo que implica la modificación de una decena de normas.
Según Ignacio Prendes, diputado de la formación naranja y miembro de la Comisión Constitucional -en la que se está discutiendo la norma- es un verdadero «golpe sobre la mesa» en la lucha contra la corrupción. «Tenemos que conseguir un círculo virtuoso: más transparencia, más responsabilidad de los cargos públicos y mejores controles», explicó durante un coloquio organizado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con motivo del Día Internacional del Derecho a Saber, el pasado 28 de septiembre.
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