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La justicia dicta prisión preventiva contra el vicepresidente de Ecuador por el caso Odebrecht

El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, se enfrentaba el pasado lunes al abismo jurídico y político por su vinculación en el caso Odebrecht por presunta asociación ilícita. Y se ha encontrado con el peor de los escenarios. El juez de la Corte Nacional, Miguel Jurado, ordenó la captura inmediata del vicepresidente y dictó prisión preventiva acogiendo la petición de la Fiscalía. El Ministerio Público había solicitado una nueva audiencia con el fin de agravar las medidas cautelares contra él y contra su tío para evitar el riesgo de fuga ante la inminencia del juicio. Por la mañana, el fiscal general del Estado, Carlo Baca Mancheno, pidió prisión preventiva ya que hasta ahora solo tenía prohibición de salida del país.

Por la tarde, después de suspender la audiencia, el juez aceptó. “Sin pruebas y con indicios forjados. Solo les queda el linchamiento. Acudiré a instancias nacionales e internacionales para defenderme”, se quejó Glas a través de Twitter, aunque aseguró que acataria “bajo protesta este infame atropello” en su contra. Ya entrada la noche, Glas se entregó a la policía. Despistó a la prensa apostada ante su domicilio organizando dos comitivas para salir de su urbanización sin ser visto. Según ha confirmado la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, el vicepresidente irá a la cárcel 4 de Quito. Para el traslado desde Guayaquil, tomó avión un avión de las Fuerzas Armadas.

Además de tener su libertad de circulación en juego, los asambleístas de su partido, Alianza PAIS, tenían que decidir si pedían su renuncia como vicepresidente de la República, una salida que Glas siempre ha rechazado. Pero el bloque de PAIS que tenía previsto pronunciarse después de conocer la decisión judicial, aplazó su pronunciamiento a este martes.

Junto a la prisión preventiva, se solicitó que las cuentas de Glas sean congeladas y la prohibición de enajenación de sus bienes. Y también se ordenó que su tío, Ricardo Rivera, sea recluido en prisión de forma provisional por haber violado el arresto domiciliario que se le había impuesto a inicios de junio por tener 68 años. Éste está acusado de haber recibido al menos 13 millones de dólares en sobornos de Odebrecht a cambio de aprovechar su parentesco con el vicepresidente para favorecer que se adjudiquen contratos públicos de gran envergadura a la constructora brasileña.

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