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19/10/2017

La Fiscalía portuguesa acusa al ex primer ministro Sócrates de 31 delitos de corrupción

Seis meses después de su detención, el ex primer ministro de Portugal José Sócrates seguirá en prisión preventiva tras haber rechazado un arresto domiciliario que le habría obligado a llevar una pulsera electrónica. La Fiscalía portuguesa emitió este martes un comunicado en el que exponía que su puesta en libertad sin este sistema de vigilancia conllevaría riesgos. Encarcelado desde el 21 de noviembre, el exmandatario afirma que “estas medias liberaciones no tienen otro objetivo que disfrazar el error original y su consiguiente fracaso: tras seis meses de prisión, ni hechos, ni pruebas, ni acusación”.

Sócrates renunció este lunes a la pulsera electrónica y criticó su encarcelamiento en una carta enviada al juez instructor Carlos Alexandre y a los medios de comunicación. “Es una enorme y cruel injusticia. Seis meses sin acusación. Seis meses sin acceso a los autos. Seis meses de una furiosa campaña mediática de denigración y difamación permitida, si no dirigida, por el Ministerio Público”.

El Ministerio Fiscal que propuso el paso a la vigilancia electrónica ha considerado que no hay otra forma de garantizar que Sócrates no perturbe la investigación en marcha, y por ello el juez ha considerado que el ex primer ministro debe seguir en la cárcel de Évora. Allí, su abogado calificó la medida de "venganza" y cargó contra juez y fiscal: "El país no puede estar en las manos de estas personas".

El político socialista es el único de los investigados por la Operación Marqués en prisión. A él y a los otros sospechosos se les investiga por delitos de blanqueo de dinero, corrupción y evasión fiscal, pero aún no han sido acusados formalmente. La figura clave del proceso, el empresario y amigo del exmandatario Carlos Santos Silva, salió de prisión hace unas semanas. Testaferro de Sócrates según el fiscal, dechado de generosidad según la defensa, Santos Silva reside ahora en su domicilio colgado de una pulsera electrónica.

También están investigados —aún no han sido acusados formalmente— por la misma trama, el chófer de Sócrates, João Perna, que, según la Fiscalía, le llevaba a París maletines con dinero; Joaquim Barroca, administrador del grupo Lena, que recibió muchos encargos de obra pública cuando Sócrates estaba en el Gobierno; el abogado Gonçalo Ferreira, que servía de enlace para las entregas; Paulo Lalanda Castro, administrador de la farmacéutica Octapharma, que creó una empresa-pantalla para pasar dinero a Sócrates; el profesor António Morais, empleado en su Gobierno y que le aprobó las cuatro asignaturas que le faltaban para obtener el título de ingeniero, la esposa de Santos Silva y la exmujer de Sócrates.

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