Fuente: Nueva Tribuna
Aludíamos recientemente al último barómetro fiscal del CIS, del que se desprende que el 95% de los ciudadanos piensa que en España existe bastante o mucho fraude fiscal, para refrendar la necesidad que impera en nuestro país de desarrollar un pacto de Estado lo más amplio posible para prevenir y combatir la economía sumergida y el fraude fiscal.
En este sentido, coincidiendo con el tercer aniversario de la revelación periodística de los Papeles de Panamá y con la celebración del Día de Acción Global contra los Paraísos Fiscales, la Plataforma por la Justicia Fiscal registró el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados un escrito para exigir más voluntad política para acabar con las artimañas que utilizan las personas de mayor poder adquisitivo y las más grandes sociedades para eludir el pago de impuestos.
España es el cuarto país más desigual de la Unión Europea, tan sólo por detrás de Bulgaria, Lituania y Letonia. Para más inri, somos el país de Europa en el que más ha crecido la desigualdad en los últimos diez años.
Atribuyen a Warren Buffett la frase de que sólo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo. Pues bien, aunque no se sepa con exactitud dónde rompen actualmente las olas, lo cierto es que la recuperación económica está ahondando las carencias sociales; hasta el punto de que más de 12 millones de personas viven en riesgo de pobreza en nuestro país y 650.000 hogares no cuentan con ningún ingreso.
Es cierto que ni la pobreza ni la desigualdad son inevitables. Y también es verdad que nuestro sistema fiscal arrastra déficits históricos que acentúan la inequidad de un sistema, el nuestro, que continúa recaudando casi 7 puntos menos de impuestos respecto al PIB que los países de la eurozona.
De ahí que el primer desafío a afrontar sea nuestro menor nivel de ingresos fiscales en contraste con la capacidad económica. Urge recaudar, de quienes no pagan lo que deben, una buena parte de ese 20% más que necesitamos para equipararnos con la media europea. O lo que es lo mismo, 80.000 millones de euros.
Y cuando decimos “de quienes no pagan lo que deben” nos referimos a que la Constitución Española, en su artículo 31, establece que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.
Sin embargo, nuestro modelo fiscal incumple dichos principios constitucionales. Y es que ni se recauda en muchos casos más de quienes más tienen, ni se ponen suficientes cortafuegos al gran agujero que supone el fraude fiscal. Y es que construir una sociedad menos desigual y más justa requiere un Pacto de Estado contra el fraude fiscal.
En este contexto, teniendo en cuenta esta necesidad, todos los grupos políticos deberían comprometerse de cara a las próximas elecciones generales a:
1º Romper con el déficit recaudatorio en un máximo de cinco años, a través de un plan de acción urgente contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal que convoque a todas las fuerzas políticas y cuente con un marco parlamentario permanente de revisión, transparencia y rendición de cuentas.
2º Poner fin a la utilización de paraísos fiscales estableciendo una lista negra objetiva y ambiciosa, que incluya al menos todas las jurisdicciones de baja o nula tributación, aplicando sanciones y contramedidas.
3º Apoyar y proteger la figura del denunciante que tanto aporta en la lucha contra el fraude la evasión y la elusión fiscal.
4º Penalizar la contratación pública para quien no cumpla con criterios fiscalmente responsables mediante el uso discrecional de estructuras en paraísos fiscales.
5º Internacionalizar la lucha contra el fraude y la evasión fiscal impulsando procesos internacionales ambiciosos y adaptados a la realidad de los nuevos modelos empresariales en una economía más globalizada y digitalizada.
6º Recuperar la responsabilidad institucional reforzando la incompatibilidad entre el ejercicio de cualquier cargo público y el uso de los instrumentos que posibilitan tanto la elusión como la defraudación fiscal, incluida la participación en sociedades off shore o extraterritoriales.
7º Reforzar los medios y recursos de la AEAT para cubrir las necesidades de inspección y control del gran fraude fiscal, confluyendo en las cifras de fraude con los niveles europeos en el plazo de cinco años.
8º Reorganizar la AEAT revisando los objetivos y ponderando los equipos humanos necesarios para las tareas de inspección y recaudación con base en los estudios y la experiencia. Coordinar la AEAT con el conjunto de los departamentos tributarios de las CC.AA., incluyendo el intercambio de bases de datos y registros normalizados, así como con otros países.
9º Convocar a una gran conferencia de coordinación contra el fraude y la evasión fiscal, que cuente con representantes parlamentarios y del gobierno, junto con actores sociales y expertos.
07 de Febrero
06 de Febrero
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