Accionistas, directores y CEO deberían entrenarse en compliance (Argentina)

Los últimos números del Lava Jato brasileño son contundentes: 1765 procedimientos; 877 allanamientos; 97 prisiones preventivas; 110 detenciones, 6 en flagrancia; 303 pedidos de cooperación internacional; 158 acuerdos de colaboración premiada; 10 acuerdos con empresas; 282 personas acusadas criminalmente; 180 personas condenadas. Con este resultado de las investigaciones por corrupción se presentó Rodrigo Carril, Fundador del Instituto Compliance de Brasil, uno de los expositores en el II Congreso Internacional de Ética y Compliance organizado por la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC) y Thomson Reuters en el auditorio de la Bolsa de Comercio. Se trata de un evento que crece y que estuvo signado por el gran debate en torno a la nueva ley de responsabilidad penal empresaria que «va y viene, viene y va en el Congreso», según expresó la jueza Patricia Llerena, en la que todo parece indicar las empresas tendrán beneficios en caso de ser juzgadas por corrupción si tienen implementado un programa idóneo de compliance.

«El proyecto que ésta en Diputados permite que la persona jurídica pueda ser eximida de penas siempre y cuando tenga una acción proactiva de colaboración con la justicia», dijo Llerena. «Para esto tienen que hacer no cualquier programita de control, sino uno de control efectivo. La persona detrás del cumplimiento de las normas tiene que mostrar que los responsables de la corrupción sortearon todas los obstáculos para cometer el delito. Pero la persona jurídica va a ser responsabilizada si quienes tienen que controlar no lo hacen, y también si se prueba que los directores decidieron cometer el delito».

El trabajo del compliance officer es arduo, debe tener un aval total del top management para tener el poder de decir que no a negocios sospechosos. Pero si está bien hecho puede resultar clave para resguardar a la persona jurídica en caso de que se sancione la nueva ley. «Implementar un programa de compliance no es nada sencillo», dijo Carlos Rozen, presidente de la AAEC. «El error más común consiste en creer que se trata de un tema jurídico o que es cuestión de poner en marcha algunas herramientas que se copian y adaptan, y ya. Compliance es cuestión de comportamientos y se trata de educar, de gestionar el cambio».

Evaluar un programa de compliance (algo que tendrán que hacer desde la Justicia) lleva implícito un conocimiento técnico que incluye ajustarse a normas internacionales. Por eso, la AAEC asumió el compromiso de entrenar a jueces y fiscales en la forma de medir estos programas de integridad que, a partir de la ley, deberían tener empresas multinacionales y también nacionales. Está en estudio si las Pymes estarán incluidas, o no, en la obligación (por beneficio propio) de ponerlos también en marcha.