En muchos países, los servicios públicos cruciales como la energía, el agua, el transporte y la atención médica a las comunidades son provistos por empresas controladas o parcialmente por los gobiernos. Conocidas como empresas de propiedad estatal (EP), representan una proporción significativa del PIB de muchos países, especialmente en los mercados emergentes, y a menudo son el mayor empleador del país.
Son los más vulnerables en las comunidades los que más sufren cuando los servicios públicos están mal distribuidos o están contaminados por la corrupción. Esto hace que sea crucial que estas empresas operen con integridad, transparencia y responsabilidad.
En comparación con otras empresas, las empresas estatales tienen riesgos específicos de corrupción debido a su cercanía con los gobiernos y los funcionarios públicos, y la escala de los activos y servicios que controlan. Hay problemas con los conflictos de intereses si los gobiernos conceden contratos a los compinches; puede haber problemas con la corrupción si los políticos creen que pueden usar el dinero generado por las empresas estatales para sus propios fines.
Algunos de los mayores escándalos recientes de corrupción en todo el mundo han involucrado a empresas estatales.
Por ejemplo, la petrolera estatal brasileña Petrobras usó dinero público para financiar ilegalmente partidos políticos y aceptó sobornos de un cártel de compañías constructoras. Esto condujo al daño económico, político y social. El gigante de las telecomunicaciones nórdico Telia fue sorprendido recientemente sobornando negocios en Uzbekistán, lo que resultó en multas de US $ 965 millones.
Transparency International realizó una investigación para destacar las formas más importantes en que las empresas estatales pueden combatir la corrupción. Involucramos a SOEs, capítulos de Transparency International en todo el mundo, académicos y expertos en gobernabilidad en un amplio proceso de consulta.
El resultado es 10 Principios Anticorrupción para Empresas Estatales, una guía para alentar y ayudar a las empresas controladas por los gobiernos a implementar programas anticorrupción basados en los más altos estándares de integridad y transparencia.
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