Nicaragua avanza en la lucha contra el lavado de dinero, pero cuenta con importantes vulnerabilidades

Gafilat publicó los resultados de la Evaluación Mutua realizada a Nicaragua a principios del 2017, donde destaca que si bien Nicaragua ha realizado considerables esfuerzos a fin de alcanzar niveles aceptables de efectividad en materia de prevención y control del lavado de dinero, aún son necesarios ajustes mayores en la legislación que impactan directamente en la capacidad del sistema para prevenir, identificar y combatir estos delitos.

De acuerdo con el informe, Nicaragua cuenta con disposiciones legislativas, normativas y un marco institucional que le permiten combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a pesar de que el sistema vigente tiene deficiencias que limitan la efectividad general del sistema.

Nicaragua ha realizado importantes esfuerzos para comprender sus riesgos y ha completado una Evaluación Nacional de Riesgos y sobre esa base ha desarrollado una Estrategia Nacional y Plan Nacional de Acción. El nivel de conocimiento y comprensión de los riesgos es desigual entre las diferentes autoridades y sujetos obligados. Dentro de las circunstancias que han contribuido a la variación en los niveles de comprensión de los riesgos de LA/FT está la participación limitada de algunas autoridades competentes en materia antilavado de dinero.

De acuerdo con esta evaluación nacional de riesgo, el narcotráfico, crimen organizado, enriquecimiento ilícito, cohecho, trata de personas, contrabando, defraudación aduanera y tributaria y tráfico de dinero ilícito se identificaron como amenazas principales de lavado de activos.

Alega el informe que el cumplimiento técnico de las Recomendaciones del GAFI debería mejorar en algunos aspectos de importancia. Dentro de las principales deficiencias se encuentra el hecho que la tipificación del financiamiento del terrorismo no se adecua a lo requerido por los estándares del GAFI, existen instituciones financieras y Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD) por fuera del régimen antilavado, falta la obligación dentro del marco legal de presentar reporte de operación sospechosa (ROS) por parte de los sujetos obligados , y no existen obligaciones que permitan el acceso a la información del beneficiario final de las personas y estructuras jurídicas.