El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, ha advertido a España de que los parlamentarios deberían informar públicamente de los regalos que reciben y los viajes a los que son invitados, así como ofrecer una serie de detalles sobre sus créditos financieros.
El GRECO lleva desde 2005 haciendo rondas de evaluación a más de una cuarentena de países para analizar la situación de los mismos con respecto a la lucha contra la corrupción. España se encuentra ahora inmersa en la cuarta ronda, cuyo objeto de estudio son los miembros de los parlamentos nacionales y los jueces y fiscales.
En el Informe Interino de Cumplimiento publicado este miércoles, el GRECO concluye que España sigue sin cumplir cuatro de las 11 recomendaciones que le hicieron en diciembre de 2013 y que las otras siete se han cumplido solo parcialmente. Esto, sin embargo, supone un avance respecto a la evaluación que el organismo internacional realizó en el verano de 2016, ya que en aquel momento España solo había comenzado a aplicar cinco de los 11 consejos recibidos.
Pero, según el GRECO, los progresos que se han hecho son limitados y el grado de cumplimiento de las recomendaciones sigue siendo «en general insatisfactorio». Ahora España tiene un plazo de un año, hasta el 31 de diciembre de 2018, para informar de las acciones llevadas a cabo para mejorar la prevención de la corrupción en el poder legislativo y el judicial.
Entre las principales recomendaciones, el GRECO subraya la necesidad de que se revise el sistema de supervisión y control de las declaraciones y normas de conducta. Aunque el informe destaca que todos los diputados y senadores están obligados a realizar una declaración de intereses económicos, de bienes y de actividades complementarias, ve necesario que se incluyan otras informaciones que pueden ser de interés y que han sido objeto de investigación en los tribunales españoles en el marco de conocidos casos de corrupción.
Se trata de informaciones como el valor de mercado de las propiedades y vehículos, nombres de las empresas en las que tienen acciones o participaciones, tipo de interés que pagan por los créditos obtenidos de instituciones financieras, información sobre regalos que reciben y los viajes a los que son invitados, así como los ingresos por sus actividades complementarias, incluidas las dietas o compensaciones.
Igualmente, el organismo dependiente del Consejo de Europa recomienda que se adopte un código de conductas éticas y sobre posibles conflictos de intereses, que sea de conocimiento público y que asesore a los parlamentos.
Otra de las medidas que el GRECO había sugerido y en la que esta vez sí observa avances es el establecimiento de unas normas sobre la relación entre los diputados y senadores y los lobbies, gracias a la proposición de ley que presentó el PP para crear un registro público de estos grupos de interés.
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