Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar todas las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, configura tus preferencias antes de aceptarlas, o utiliza el botón "Rechazar todas las cookies" para continuar sin aceptar.

Gestión de Cookies
Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

12/03/2018

La nueva Ley de Contratos del Sector Público impone la obligatoriedad de la contratación electrónica (España)

Desde el viernes, la contratación electrónica (contratar a través de medios electrónicos) será obligatorio para todas las administraciones públicas españolas. Así lo introduce la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 (LCSP) que entra en vigor este 9 de marzo.

El objetivo de esta ley es erradicar la contratación menos transparente en España, una lacra que según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, supone una factura de unos 48.000 millones de euros al año. Con la contratación electrónica hay una mayor seguridad y por lo tanto un mayor freno a las malas prácticas en materia de contratación.

En un artículo publicado en “El consultor de los Ayuntamientos” de Wolters Kluwer, se explican detalladamente las novedades introducidas por el reglamento, que entre otras cosas, buscan una simplificación de los procedimientos y establecer medidas contra la corrupción mediante la supresión del procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía, la creación de dos tipos de procedimientos abiertos simplificados o la formación de un órgano independiente de supervisión de los contratos públicos.

La LCSP se ha implantado tras la aplicación de las Directivas de Contratación Europeas de 2014, que apremió a nuestros legisladores para que afrontaran esta importante reforma en la regulación de la Contratación Pública. Y es que el derecho comunitario ha colaborado para que, a través de la mencionada Ley 9/2017, se implanten medidas encaminadas a lograr una mejor transparencia en los procedimientos, donde juega un papel preponderante el perfil de contratante con una variada casuística de publicaciones.

La normativa, que es ya de plena aplicación sobre los contratos del sector público, además de extensa y novedosa es ciertamente complicada, con algunos preceptos contradictorios entre sí, por lo que va a requerir un gran esfuerzo de los agentes implicados para adaptarse a los nuevos requerimientos que establece.

[Leer Más]

 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas