España está entre los países que peor protegen a los “whistleblowers” o denunciantes de irregularidades

España se encuentra entre los 7 países, de los 28 que componen la Unión Europea, que peor protegen a los “whistleblowers” (denunciantes de irregularidades), con una puntuación cercana a cero, según un informe elaborado por la ONG Blueprint for Free Speech y el proyecto A Change of Direction, y coordinado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR).

El informe, que ha sido financiado por la Comisión Europea, identifica las dificultades con las que se encuentran los “whistleblowers” españoles que quieren dar un paso adelante, con información sobre prácticas corruptas e ilegales en el sector público o privado, y cómo los estándares internacionales, una vez alcanzados, pueden arreglar esto.

La ausencia de estas medidas de protección tienen suponen un alto coste para la Unión Europea.

Según el Estudio de Casos de Fraude de 2016, llevado a cabo por la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude (ACFE, por su acrónimo en inglés), el impacto de fraude entre los casos analizados en 6,3 billones de dólares anuales.

La ACFE concluyó en su Estudio que la información facilitada por los alertadores era el modo más efectivo para detectar la corrupción.

El informe citado señala, como déficits, la ausencia de leyes de protección para los “whistleblowers” dentro de la Unión Europea, si bien hay que recordar que el Pleno del Parlamento de la Unión aprobó el pasado 24 de octubre el informe impulsado por la eurodiputada francesa, Virgine Rozière, en el que se hace un llamamiento a la Comisión Europea para que, para finales de año, proponga normas que  garanticen su protección en toda la UE.