Esto es lo que puede pasarte si denuncias a corruptos y ellos se enteran

En España señalar a los corruptos sale caro. Recibir presiones de la dirección de tu empresa para cometer actos ilícitos y ser despedida por negarte a ello es una represalia común. Es lo que le ocurrió a Azahara Peralta, jefa de Obra de Acuamed. El siguiente peldaño es sufrir acoso laboral, ser despedida, y que la cúpula política a la que denuncias ejerza su poder para que no puedas encontrar trabajo de nuevo. Así lo atestigua el caso de Ana Garrido, testigo de la Gürtel. 

Ser denunciado a consecuencia de destapar la corrupción es el penúltimo escalón. Es lo que le pasó a Roberto Macías, para el que UGT pide cuatro años de cárcel por "revelación de secretos" tras hacer públicas las facturas falsas que el sindicato presuntamente usaba para lucrarse. Su caso es similar al de Cristobal Cantos, que lleva cinco años en los tribunales por las denuncias cruzadas de aquellos a los que él acusó de corrupción y para los que la Fiscalía pide cárcel. 

Al final está la agresión física. Al exteniente del Ejército Luis Gonzalo Segura, que solo ha conseguido ser expulsado de las Fuerzas Armadas tras sacar a la luz prácticas fraudulentas del alto mando, le aconsejan cambiar de acera si se cruza con uniformes militares. Cuando Itziar González cargó contra la especulación inmobiliaria y los pisos turísticos del centro de Barcelona, empezó a recibir amenazas de muerte y alguien allanó su casa. Aunque años después los juzgados les dan la razón, los casos de los  whistleblowers españoles sirven de ejemplo de la soledad del denunciante de corrupción en España.

"En general, los testimonios de las personas que han denunciado corrupción coinciden en resaltar la falta de amparo al que se ven expuestas tras comunicar la comisión de actos ilícitos o irregulares", explica el abogado de Transparencia Internacional, Daniel Moedo. Esa falta de protección, continúa el letrado, "desincentiva de manera acuciante la formulación de denuncias. El tortuoso camino que han tenido que transitar los denunciantes para seguir adelante con sus vidas después de denunciar, resulta totalmente desalentador".

España es el único de los 35 miembros de la OCDE que no ha regulado la protección a los  whistleblowers a nivel estatal, ni con una ley específica ni mediante el articulado de otras leyes, según el último informe de la organización. Un examen reciente de los mecanismos de apoyo a denunciantes de corrupción a nivel europeo puntuó a España con 0 puntos -de un máximo de 756- en base a nueve estándares comunitarios e internacionales.