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«En España se invierte poco para atajar la corrupción», dice el juez Acayro (España)

«La corrupción nos cuesta a cada español mil euros al año». «Para atajar la corrupción sólo se invierte 27 euros por persona y año en el sistema judicial». Se trata de dos de los datos que el juez Luis Acayro Sánchez expuso y repitió durante la conferencia coloquio que protagonizó el pasado jueves, invitado por el Club Rotario de Camargo. En su intervención el magistrado expuso su parecer sobre la politización del Poder Judicial, habló de las presiones políticas, de los medios de que disponen los jueces y, engranando todo ello, de la corrupción. Ese fue el tema de la convocatoria –'La corrupción, ¿una asignatura pendiente en nuestra sociedad?'– que reunió a un centenar y medio de personas en una de las salas de CASYC, de Santander, en la que abogó por leyes que protejan a los denunciantes y por el apoyo social para quienes se atreven a hacerlo.

Acayro Sánchez recordó que hasta 2015 no se empezó a recopilar en España datos sobre la corrupción, y que el primer balance arrojó que en Cantabria había cien políticos implicados por corrupción. «Si lo comparamos con otras comunidades», dijo, «Cantabria era la región con mayor número de políticos implicados por número de habitantes». Generalizando con los datos de toda España, echando mano de un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, el magistrado indicó que «el coste económico de la corrupción en nuestro país es de 48.000 millones al año», refiriéndose sólo a los sobrecostes administrativos (si incluyera otras formas de corrupción, la de las personas, la cifra estimada ascendería a 90.000 millones). «Tomando la primera cifra, supone un coste de mil euros por español nos importe o no la corrupción», y todo ello, según el magistrado, «es la punta de un iceberg pues hay muchos casos que no llegan a los medios de comunicación y no ven la luz».

Aportó otro dato comparativo: en Alemania, construir un kilómetro de autopista cuesta la mitad que en España. «Los modificados encarecen el precio inicial; por ejemplo, la M-30 de Madrid costó 3.700 millones, 2.300 millones más de los presupuestados. Así se pagaba por servicios que no se prestaban. Si lo comparamos con el coste que ha tenido Valdecilla, 900 millones, con aquel sobrecoste se hubiera podido pagar el hospital y cincuenta institutos».

«La corrupción genera en la sociedad pérdida de credibilidad en las instituciones», señala Acayro. «Existió siempre, pero ahora con la crisis la gente percibe que esa corrupción tiene efecto en su bienestar y que cuando roban, nos roban a todos». En este punto destacó el papel de los denunciantes y del «miedo a denunciar, porque se es consciente de que te metes en un problema», y citó a la mujer que destapó el 'caso Gürtel' o al secretario del Ayuntamiento de Castro Urdiales, Fernando Urriticoechea. «Durante años denunció la corrupción, ¿y a qué precio? Haciéndonos creer que estaba desequilibrado, loco; se le ha calumniado e injuriado», dijo. Yde su paso el juzgado de Castro explicó que cuando se vio saturado de casos pidió «refuerzos para hacer mejor mi trabajo, pero me dijeron que no había dinero».

El juez afirma que «en Cantabria hay secretarios e interventores que lo pasan mal, que tienen miedo a denunciar, y sin embargo la sociedad debería estar agradecida del acto de valentía de esos funcionarios. En España hace falta una ley de protección a los denunciantes».

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