El precio de denunciar la corrupción en España: acoso, depresión, despido y ruina

Tienes delante a alguien que explica hechos muy graves que salpican a altos cargos de la administración pública. Habla de carrerilla, dando muchas cosas por supuestas. Te abruma con datos, con documentos y carpetas que contienen más información de la que puedes procesar en un mes. Te cuenta que lo están acosando desde que se negó a colaborar en las prácticas corruptas de su departamento, donde ejercía un cargo intermedio. Ha dormido mal y lleva tiempo con ansiedad o deprimido. Te dice que va al psicólogo o que está pensando en hacerlo. Se siente acosado y desamparado.

Muchos denunciantes encajan con este perfil y se suelen enfrentar a un primer problema: que alguien se crea su historia y les ayude a filtrarla sin sufrir represalias. España, reclaman, no está preparada para canalizar sus chivatazos, ni para protegerlos cuando se deciden a hablar. "Lo que más falta nos hace es algún tipo de protección automática, de manera que en cuanto denuncies los jueces tengan que aplicarte esa protección, un estatus jurídico especial. Es decir, necesitamos que se haga la trasposición cuanto antes de las normativas de la Unión Europea al respecto, que empiezan a ser garantistas", reclama Jaime González, portavoz de una agrupación que empezó a reunir en mayo a decenas de denunciantes. Están en fase de constitución y aún no han elegido ni el nombre de la asociación. Algunos son caras relativamente conocidas, testigos de Acuamed, de la Gürtel... de casos que han saltado a los telediarios.

Otros no han pasado de las páginas de la prensa local, como José Manuel Cantó, un doctor en ciencias geológicas especializado en minería que fue contratado hace años como director técnico de la Agencia de Medio Ambiente en Huelva y acabó enfrentado en los tribunales con la administración y varias empresas locales. "Empezaron a presionarme con el tema de los fosfoyesos contaminantes en la ciudad de Huelva, que es algo muy grave y que era mi prioridad, la razón por la que acepté dejar un trabajo en la UE y pasar a ganar mucho menos dinero. Poco después de instalarme, empezaron a decir que dejase estar algunas cosas, que hiciese la vista gorda, que fuese benevolente con ciertas empresas porque políticamente no interesaba", comenta. Cantó se fue indignando poco a poco y acabó hablando con periodistas, frenando vertidos irregulares gracias a su trabajo y llevando a la administración a los tribunales. "Me hicieron de todo y me llegaron a juzgar por obstrucción a la justicia en 2004. Además, he tenido dos amenazas de muerte y tres intentos de soborno en este tiempo".