El posible "blanqueo de capitales" en Casa Agreda, en manos de la Audiencia (España)

El caso judicial sobre la Casa Agreda - el edificio del Albaicín que el Ayuntamiento de Granada vendió a una organización privada de origen franco-marroquí- va a cumplir dos años, dedicados en su mayor parte a dirimir un enconado enfrentamiento entre las partes acusadoras y el juez de instrucción, que se muestra poco interesado en abundar en las investigaciones propuestas por las partes y que llegó a archivar la causa a los pocos meses de su apertura (2016), pero tuvo que reabrirla por orden de la Audiencia Provincial. Ahora tendrá que volver a intervenir este órgano superior, pues el magistrado ha cortado de raíz casi todas las propuestas de las acusaciones, entre las que está seguir el rastro del dinero aportado por la compradora, por si se hubiera producido "blanqueo de capitales" o utilizado la ONG como una "tapadera" para la compra.

La acusación popular representada por la concejal de Vamos Granada Marta Gutiérrez explica en su último escrito para la Audiencia que este caso "no versa sobre la compraventa de un inmueble ordinario entre particulares o acerca de meras faltas administrativas, sino de la venta, a un precio irrisorio, de una casa palacial del siglo XVI, patrimonio cultural de la ciudad de Granada, a una supuesta ONG sin actividad ni fondos conocidos, que ha abonado la fianza desde cuentas desconocidas de las que no es titular".

El juez instructor dictó un auto el pasado 12 de julio, cuyo contenido ya publicó este periódico, en el que rechazaba de una tacada todos los recursos, escritos y propuestas de nuevas diligencias planteadas en los últimos meses por las dos acusaciones populares personadas en la causa (la edil de Vamos y el empresario Ramón Arenas). El magistrado explicaba que, a su juicio, la causa estaba en una etapa "postrera" y que no tenía intención de aceptar nuevas líneas de investigación que no consideraba pertinentes.