La Fiscalía General del Estado ha propuesto la reforma legislativa relativa a los denunciantes de delitos de corrupción para que éstos obtengan mayor protección ante posibles represalias por su colaboración con la justicia.
Esta es una de las medidas que considera necesaria la fiscal general del Estado, María José Segarra, según aparece en la memoria anual del Ministerio Público respectiva al año 2017, que ha sido presentada este lunes con motivo de la apertura del año judicial.
"España no debería demorar más una regulación adecuada de protección del denunciante", afirma el documento, que apuesta por una aproximación a países como Gran Bretaña o Estados Unidos en donde existe una oficina de protección al denunciante de delitos económicos o financieros.
TEMOR A SUFRIR REPRESALIAS
Según el Ministerio Público, quiénes han tenido conocimiento de un delito de corrupción, aunque no haya participado en él, no suele denunciarlo. Tampoco lo hace quien ha recibido un soborno "bien por desconfianza en la justicia" o por "la inexistencia de una regulación protectora específica" que hace "muy difícil confiar en una denuncia" por temor a sufrir algún tipo de represalia.
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