Estados Unidos impulsa una nueva ley federal de protección de datos

La precupación generada en las grandes compañías tecnológicas norteamericanas por el Reglamento General de Protección de Datos, junto con la reciente aprobación de la Ley calilfornia de protección de la privacidad de los consumidores, ha puesto en marcha sus poderosos mecanismos de presión institucional, a fin de lograr que la administración Trump impulse una ley federal de privacidad. El Senado acogió recientemente la primera audiencia al respecto.

La entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (LA LEY 6637/2016) (RGPD) ha empezado a obrar rápidos e inesperados efectos en los Estados Unidos.

La preocupación que su rigor y carácter expansivo provocó desde el principio en las grandes empresas tecnológicas norteamericanas, aumentó en junio pasado cuando el Estado de California aprobó una ley de protección de privacidad de los consumidores. Esta norma reconoce a los ciudadanos de ese Estado unos derechos de información y control sobre sus datos, no muy diferentes de los establecidos por el Reglamento europeo.

Por eso las compañías tecnológicas, que tienen organizada buena parte de su negocio en torno a los datos de sus usuarios, han percibido esta norma como una amenaza para su actividad.

Se activa el lobby empresarial

Así, en la reunión de la patronal de las empresas tecnológicas norteamericana (Information Technology Industry Council), celebrada en mayo pasado, estas compañías se manifestaron preocupadas por la posibilidad de que, impulsados por el creciente interés de la ciudadanía por la protección de su privacidad, consecuencia de los numerosos casos de abusos que se están conociendo, el resto de Estados norteamericanos sigan el ejemplo californiano, provocando con ello la aparición de un auténtico mosaico de leyes estatales que no solo afectaría al desarrollo de sus negocios, sino que se convertiría en una pesadilla regulatoria.

Por ello, grandes corporaciones como Facebook, Google, IBM o Microsoft, entre otras, han puesto en marcha sus poderosos mecanismos de presión institucional o lobby, a fin de lograr que la administración Trump impulse la aprobación de una ley federal de privacidad.