Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar todas las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, configura tus preferencias antes de aceptarlas, o utiliza el botón "Rechazar todas las cookies" para continuar sin aceptar.

Gestión de Cookies
Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

22/10/2018

«La mayoría de delitos de ciberseguridad recaen sobre ciudadanos comunes»

Alberto Hernández Moreno se dedica a hacer del nuevo entorno digital, cada vez más omnipresente en nuestras vidas, un lugar más seguro. El director general del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) tiene claro que hace falta que la gente se tome más en serio las amenazas que corre cuando usa el ordenador, el móvil o hasta la televisión inteligente

¿A qué amenazas nos exponemos exactamente? Según datos del Ministerio de Interior, en 2017 hubo 123.064 incidentes relacionados con la ciberseguridad. De ellos, solo 885 se dirigieron a los llamados operadores críticos, como centrales eléctricas, bancos, etcétera. La inmensa mayoría recayeron sobre ciudadanos comunes. “Al final, los cibercriminales se mueven por la relación coste-beneficio. Cuando desarrollan algo muy sofisticado es porque va dirigido a alguna organización de la que van a sacar muchísimo dinero, pero normalmente sale más a cuenta obtener un poquito de muchos”, subraya.

Ataques masivos y bien dirigidos

El fraude copó el 74% de los crímenes detectados el año pasado, seguido de amenazas y coacciones (14%) y falsificación informática (3,6%). Los ataques son masivos, pero bien dirigidos. “En el top 10 de fraudes a ciudadanos colocaríamos las estafas en alquileres, las estafas en productos falsificados, los falsos prestamistas y las novias o novios por Internet”, enumera Hernández.

¿Novios por Internet? Sí, esos contactos, normalmente muy bien parecidos, que hablan con la víctima durante un par de meses por algún canal digital hasta que le piden dinero para ir a verla y desaparecen. O, en otra versión, le envían uno o dos vídeos sexuales cuando ya hay confianza y luego le piden uno a ellos. Y si pican, les extorsionan para no publicarlo. “Si soy una persona divorciada de 40 o 50 años y eso lo publico en las redes sociales, soy candidato a que desarrollen un ataque dirigido contra mí”, ilustra.

 

Por: Manuel González Pascual 

[Leer Más]

 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas