El Tribunal de Cuentas ha declarado responsable contable directo al ex irector general de Trabajo Juan Márquez del menoscabo causado a los fondos públicos de la Junta y por ello le condena al reintegro de 446.339,62 euros por la ayuda sociolaboral, en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, concedida a la Asociación Faja Pirítica de Huelva en 2009 así como por los intereses.
Igualmente el Departamento Segundo del Tribunal de Cuentas en la sentencia, cuya ponente ha sido Margarita Mariscal de Gante, condena como responsables contables subsidiarios a la mediadora Uniter y José González Mata, dueño de la anterior, al reintegro de la ayuda (408.304,89 euros) y de los intereses (38.034,73 euros) si no se llegara a poder hacer efectiva la responsabilidad directa declarada de Márquez.
Este sentencia, con fecha de 13 de septiembre de 2018 y a la que ha tenido acceso Europa Press, vuelve a condenar a Márquez en un procedimiento de reintegro por alcance del Tribunal de Cuentas tras la demanda de la Junta de Andalucía, como ya sucediera, entre otros, en el caso de la ayuda a Astilleros.
El 10 de junio de 2016 recibió el Tribunal de Cuentas el escrito de demanda de la Junta en el que solicitaba la declaración de la existencia de un menoscabo en los fondos públicos por importe de 446.339,62 euros, intereses incluidos, del que serían responsables contables directos y solidarios Márquez y la AsociaciónFaja Pirítica de Huelva, y responsables contables subsidiarios González Matas y Uniter. Cabe resaltar que en este procedimiento, en mayo de 2017, se declaró en rebeldía a Juan Márquez y a la Asociación Faja Pirítica de Huelva.
Como hechos probados, la sentencia expone que "sin que mediase solicitud alguna ni memoria justificativa de la finalidad pública e interés social", por resolución de 12 diciembre de 2009 firmada por Márquez como director general de Trabajo, seconcedió una ayuda sociolaboral excepcional por importe de 544.406,52 euros a la Asociación Faja Pirítica de Huelva de extrabajadores del sector de la minería de la zona, siendo el objeto de la misma los gastos de personal y prestación de servicios a los beneficiarios.
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