El nuevo capítulo anticorrupción contenido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que establece sanciones comerciales para los países que incurran en prácticas corruptas, es un incentivo para que la iniciativa privada y pública se rijan de manera correcta, expuso Manuel Molano, director adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
“Siempre que pueda haber sanciones comerciales para este tipo de conductas de mal gobierno empiezas a generar el tipo de incentivos correctos, digamos, a Javier Duarte no lo castigará (como se debe) la justicia mexicana, pero a partir de esto sí, cuando un gobernador tenga una conducta de ese tipo, el país podría tener un castigo importante en el mercado, más que en el —tratado— de América del Norte”, dijo el especialista.
El texto impulsa además a que las empresas den a conocer a sus empleados y funcionarios el código de ética bajo el cual se guían y las consecuencias que podrían generarse en caso de incurrir en prácticas como el otorgamiento o recepción de sobornos. “El capítulo complementa muy bien el sistema nacional anticorrupción y las reformas legales que hubo en años pasados alrededor de ese tema”, indicó Molano.
Si el empleado no firma la aceptación de que sabe que no puede aceptar sobornos y los hay, se llega a un punto en que se puede disolver la empresa, agregó.
Por: Daniel Blanco
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