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El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, aboga por proteger a los denunciantes de corrupción

“La protección del denunciante en nuestro país es muy deficiente, tanto de quien puntualmente ha participado en el delito, situación que cuenta con una regulación fragmentaria e insuficiente en el Código Penal, como de aquellos que tienen conocimiento de tales delitos por su pertenencia a una organización pública o privada”. 

De esta manera tan clara, se expresa Alejandro Luzón, fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la corrupción y el crimen organizado, en una entrevista publicada en la página web de la Fiscalía General del Estado con motivo del Día Mundial contra la corrupción, que se celebra hoy domingo, 9 de diciembre.

Luzón recuerda que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción aconseja a los Estados que incorporen medidas apropiadas en su ordenamiento para proteger a los que denuncien ante las autorices competente, de buena fe y con motivos razonables, estos delitos.

Y señala que “España no ha atendido esta recomendación, que también formula Transparencia Internacional, en sus ‘Principios de transparencia y prevención de la corrupción para las empresas’ o la Comisión Europea, que en su informe de 3-2-2014 recuerda que España no dispone de normas específicas que protejan a los denunciantes”. 

La propia Fiscalía General del Estado, en la Memoria presentada este año, pedía modificar la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección de testigos y peritos en causas criminales, y señalaba  que la Comisión Europea, ya en febrero de 2014, dijo que “España no dispone de normas específicas que protejan a los denunciantes” y que “las reformas legislativas previstas no llegan aún a establecer mecanismos de protección eficaces”.

Precisamente, el pasado 20 de noviembre el Comité de Asuntos Legales del Parlamento Europeo votó por una amplia mayoría proteger a los denunciantes o alertadores, también conocidos como whistleblowers, en su acepción anglosajona. El siguiente paso será el Pleno del Parlamento. Y después de ahí tendrá lugar una discusión triangular entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeo. 

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