Lamentablemente, el 9 de diciembre es el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción. Lamentablemente, porque la necesidad de que este día exista significa el fracaso colectivo en la mejora de la integridad y una sociedad mejor. Aunque se habla de lucha contra la corrupción en esta materia, siguiendo el refranero popular, resulta más acertado decir que más vale prevenir que curar. Porque cuando hablamos de lucha contra la corrupción, ya hemos perdido la batalla, ya se ha producido la actuación corrupta, el daño a la sociedad, la pérdida de los fondos públicos y la desafección ciudadana frente a los responsables públicos, en ese momento son ya inevitables, pues ni siquiera se puede hablar, en caso de condena, de reparación del daño.
Porque más allá de cuestiones de confianza ciudadana y ética pública, la corrupción tiene un elevado coste. Algunas instituciones como la Comisión Europea, el Foro Económico Mundial o Transparencia Internacional, señalan que el coste de la corrupción puede ascender al 5% del PIB mundial, lo que aplicado a la Unión Europea sumaría una cifra aproximada de 120.000 millones. Siguiendo esa correlación, en España podríamos apuntar a un coste aproximado de un 7% de nuestro PIB, es decir, unos 81.500 millones de euros. Por si existe alguna duda sobre el impacto en nuestra vida, esa cantidad representa 32,6 veces más que el presupuesto destinado a Educación, 20,3 frente al presupuesto destinado a Sanidad y la mitad del coste anual de las pensiones en España
Pero también puede argumentarse en positivo, por los beneficios y las ganancias que representaría la adopción de políticas adecuadas para prevenir la corrupción. Según el informe ‘Los costes económicos del déficit de la calidad institucional y la corrupción en España’, una mejora en la calidad institucional de las instituciones públicas podría suponer, en quince años, la elevación del producto interior bruto nacional (PIB) per cápita un 16%.
Porque la corrupción se traduce en menor productividad, mayor desempleo y salarios inferiores a los que serían posibles con la tecnología y el capital humano disponible. Porque no nos lo podemos permitir, es necesario abordar las políticas de integridad desde la prevención de la corrupción y mejorar el marco normativo para dar respuesta adecuada a las deficiencias detectadas. En la actualidad está en tramitación, hace ya dos años, una proposición de Ley de Lucha integral contra la corrupción y protección de los denunciantes, que contempla sustanciales mejoras frente al modelo actual, pero sus más de dos años de demora de tramitación no presagian mucha urgencia en su aprobación por los responsables políticos.
¿Cómo prevenir la corrupción? Algunas medidas de prevención son relativamente sencillas, otras no tanto. Debemos contar ya, sin más dilación, con un estatuto de protección al denunciante de buena fe, casos como el Ana Garrido, en el sumario Gürtel o Azahara Montero en el Acuamed, son claros ejemplos de esta urgencia. Pero también hay definir un marco claro de relación con el sector privado, en particular, en relación con los lobbies, para evitar las sombras de duda en casos como el cambio de criterio del Tribunal Supremo en el pago del ITPAJD por los bancos, junto con otros cambios más sencillos como acabar con la situación de interinidad en la que se encuentra la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, tras la pérdida de su Presidenta hace ya un año.
Por eso, en el día de lucha contra la corrupción, que en realidad son todos los días, es preciso recordar la conveniencia reforzar el cambio cultural en la sociedad en su conjunto, de pasar de aquellos que dicen que lo público no es de nadie, a interiorizar que lo público es de todos y el fraude, la corrupción y las conductas irregulares nos perjudican a toda la sociedad en su conjunto. Para ello, 10 Propuestas para mejorar la prevención y la lucha contra la corrupción. Porque, como en casi todo, en corrupción, es mejor prevenir que curar.
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