La propuesta de la Comisión Europea garantizará un alto nivel de protección para los informantes que denuncien infracciones de la legislación de la UE al establecer nuevos estándares a nivel europeo. La nueva ley creará canales seguros para informar tanto dentro de una organización como a las autoridades públicas.
También protegerá a los denunciantes contra el despido, la degradación y otras formas de represalias; el 36% de los trabajadores que informaron de una mala conducta sufrieron represalias (Encuesta Global de Ética Empresarial 2016). Además exigirá a las autoridades nacionales que informen a los ciudadanos y proporcionen capacitación a las autoridades públicas sobre cómo tratar con los denunciantes.
El primer vicepresidente, Frans Timmermans, dijo: “Es probable que muchos escándalos recientes no hubieran salido a la luz si las personas con información privilegiada no hubieran tenido el coraje de hablar claro. Pero quienes lo hicieron corrieron enormes riesgos. Por lo tanto, si protegemos mejor a los denunciantes, podemos detectar mejor y evitar daños al interés público como fraude, corrupción, evasión de impuestos corporativos o daños a la salud de las personas y el medio ambiente. No debería haber castigo por hacer lo correcto. Además, las propuestas de hoy también protegen a quienes actúan como fuentes de periodistas de investigación, ayudando a garantizar que la libertad de expresión y la libertad de los medios se defiendan en Europa”.
Věra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género agregó: “Las nuevas normas de protección de informantes cambiarán las reglas del juego. En el mundo globalizado donde la tentación de maximizar los beneficios a veces a expensas de la ley es real, debemos apoyar a las personas que están dispuestos a correr el riesgo de descubrir violaciones graves de la legislación de la UE. Se lo debemos a la gente honesta de Europa”.
Infracciones de la legislación de la UE
La propuesta de la CE garantiza la protección de toda la UE para hacer sonar el silbido de las infracciones de la legislación europea en los ámbitos de la contratación pública; servicios financieros, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; seguridad del producto; seguridad del transporte; protección del medio ambiente; seguridad nuclear; seguridad de los alimentos y piensos, salud y bienestar animal; salud pública; protección al consumidor, y privacidad, protección de datos y seguridad de redes y sistemas de información.
También se aplica a las infracciones de las normas de competencia de la UE, las violaciones y el abuso de las normas fiscales corporativas y el daño a los intereses financieros de la UE. La Comisión alienta a los Estados miembros a ir más allá de esta norma mínima y establecer marcos integrales para la protección de denunciantes basados en los mismos principios.
Implicaciones de la norma
Todas las empresas con más de 50 empleados o con una facturación anual de más de 10 millones de euros tendrán que establecer un procedimiento interno para gestionar los informes de los denunciantes. Todas las administraciones estatales y regionales y los municipios con más de 10.000 habitantes también estarán cubiertos por la nueva ley.
Los mecanismos de protección deben incluir:
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