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Lucha antifraude, la mejor medida recaudatoria

Los gobiernos han aplicado bastantes normas para acabar con el fraude, sabedores de que si funcionan aumentarían los ingresos fiscales

«Recaudar» es la palabra mágica en la fórmula de cualquier gobierno. Hasta los menos dados al gasto piensan en aumentar los ingresos para reducir deudas o déficit. Por ese motivo, cuando la crisis provocó que descendiese la recaudación fiscal, se despertó un mayor interés en las autoridades para luchar contra el fraude como una medida importante para engrosar las arcas del estado.

El Jefe del área de Análisis Particularizado del Gasto Público de la Oficina Antifrau de Cataluña, Bruno González Valdelièvre, cree que «obviamente» la lucha contra el fraude debe ser una medida prioritaria para aumentar la recaudación fiscal. No obstante, opina que todavía hace falta resolver ciertas preguntas para que las medidas sean lo más efectivas posibles. Así, hay que plantearse «¿cuáles han de ser las prioridades de la lucha contra el fraude fiscal? o ¿en qué sectores y a qué perfiles de defraudadores se ha de atacar con más recursos?».

Eso sí, en los últimos años se ha avanzado bastante. Y se observa muy claramente en los datos sobre las actuaciones antifraude que el pasado miércoles dio el director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón. La evolución es evidente. Mientras en 2012, este tipo de medidas consiguió ingresar 11.157 millones de euros, en 2015 ya se alcanzó el récord histórico, los 15.664 millones. Y tras ella, la segunda cantidad más alta registrada es la del año pasado, la que anunción Gascón, más de 15.000 millones. Una cifra bastante elevada si se tiene en cuenta que por el Impuesto de Sociedades (el destinado a las empresas), se recaudó poco más de 23.000 millones en 2017 o por el conjunto de los impuestos especiales (como alcohol, tabaco o hidrocarburos) también poco más de 20.000 millones de euros.

 

Límite: 2.500 euros

En definitiva, la lucha antifraude se ha convertido en una figura fiscal en sí misma. El 19 de noviembre de 2012 entró en vigor una de las medidas que más han impactado en este sentido, el límite de 2.500 euros en el pago en efectivo entre empresas o profesionales. Así, se intenta que los pagadores (sobre todo en el comercio minoritsta) no evadan su responsabilidad fiscal con el IVA. Si Hacienda detecta que un contribuyente se excede en este límite, le sancionará con un 25% de la cantidad que se haya transaccionado.

González Valdelièvre considera «significativo que una medida de lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo sea precisamente el límite de 2.500 euros para pagos en efectivo». Con esta medida también se evita que se pague con grandes cantidades de dinero a empresas (amigas de los defraudadores) que residen en paraísos fiscales, lo cual se usaba a menudo para blanquear capitales.

 

Amnistía fiscal

Se podría decir que 2012 fue el «Año Cero» de la lucha antifraude en el siglo XXI. Ese ejercicio se produjo la famosa amnistía fiscal impulsada por el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. La medida consistía en que aquellos que no hubiesen declarado todos sus ingresos, podrían acogerse a dicha amnistía (eximidos de sanciones) para regularizar su situación con la Agencia Tributaria.

La norma (a la que se acogieron más de 30.000 contribuyentes según el Ministerio) sirvió para que el dinero negro que se escondía en paraísos fiscales volviese a las arcas del estado, donde debía estar desde un principio. El aumento de la recaudación en 4,5 millones de euros de la lucha contra el fraude entre 2012 y 2015 demuestra que, de verdad, se logró «repatriar» grandes cantidades de dinero que había sido evadido.

 

Así se detecta hoy el fraude

El paso del fraude con dinero en metálico al que se realiza en el mundo virtual, supone que las maneras para detectarlo también se hayan modificado. Como los defraudadores son capaces de duplicar los datos para saltarse los distintos filtros de seguridad (como las contraseñas, la numeración o los SMS de verificado), los expertos han elaborado una nueva forma de detectar la cada vez más frecuente suplantación de identidad con fines fraudulentos. Y los métodos innovadores se basan en el comportamiento del usuario. El director del Máster en Gestión del Fraude de Behavior & Law, Jorge Jiménez, explica que «lo que se hace sobre todo es tratar de identificar lo que se llama biometría o huella de comportamiento. Se puede «hackear» el nombre de usuario o la contraseña, pero lo que nunca se podrá falsificar será la actitud, las horas concretas a las que se conecta a su cuenta, cuánto tiempo suele estar en ella, qué tipo de compras realiza, incluso la forma en la que se teclea en el móvil». Y si el futuro del fraude es el «hackeo», el de la detección es el comportamiento.

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