La creación de una policía financiera europea para lograr una estrategia común de lucha contra la criminalidad financiera y en aras de una fiscalidad más justa y efectiva, es una de las principales recomendaciones de la Comisión Especial sobre Delitos Financieros, Evasión y Fraude Fiscal (TAX3), aprobadas en el pleno del Parlamento Europeo.

Se recomienda reforzar la protección a denunciantes y periodistas de investigación.

Entre las principales medidas, los eurodiputados piden una revisión en profundidad de los mecanismos para combatir los delitos financieros y la evasión fiscal, sobre todo mediante la mejora de la cooperación entre las numerosas autoridades implicadas.

La medida estrella sería la creación de una policía financiera europea, enmarcada en Europol, con capacidad para llevar a cabo investigaciones en todo el espacio que compone Europa.

Se aprobaron, entre otras recomendaciones, la creación de una unidad de inteligencia financiera, la prohibición de las “empresas pantalla” y el establecimiento de un organismo de la ONU centrado en la fiscalidad.

Y también, la desaparición de los programas que permiten obtener la nacionalidad o la residencia en un Estado miembro a cambio de una inversión, en especial los de Malta y Chipre, dadas las escasas exigencias a los solicitantes.

Las conclusiones del TAX 3 señalan que los Estados miembros no muestran voluntad política para acabar con la evasión y la elusión fiscal y los delitos financieros y en concreto siete países -Bélgica, Chipre, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Holanda- tienen lagunas en su legislación que facilitan la planificación fiscal agresiva.

Todas estas medidas, especifican las recomendaciones aprobadas por los europarlamentarios, deben ir acompañadas de una protección reforzada para los denunciantes y los periodistas de investigación.

Para los ponentes, la creciente interconectividad de las economías, así como su digitalización, tienen repercusiones en el ámbito fiscal que se deben afrontar sin más dilaciones. El informe es el resultado del trabajo más exhaustivo que ha hecho el Parlamento Europeo en el ámbito de la evasión y el fraude fiscal.

La Comisión Especial

Tras los diferentes escándalos sobre blanqueo de capitales en los últimos años (LuxLeaks, los papeles de Panamá, “Football Leaks” y los papeles del Paraíso), el Parlamento Europeo decidió poner en marcha, el 1 de marzo de 2018, una comisión Especial sobre Delitos Financieros, Evasión y Fraude Fiscal (TAX3).

Sus miembros han organizado audiencias, han recibido a ministros y a comisarios y han viajado para recabar información a Estados Unidos, la Isla de Man, Dinamarca, Estonia y Letonia.

En los últimos años el Parlamento Europeo se ha pronunciado repetidamente sobre la justicia fiscal y competencia fiscal equitativa, que entiende son esenciales no sólo en el mercado único europeo sino también a nivel mundial.

La comisión TAX3 tiene como objetivos investigar nuevas problemáticas, como la fiscalidad del sector digital, los programas nacionales de acceso a la nacionalidad y el fraude contra el IVA.

Se trata de enviar a los ciudadanos y empresas mensajes claros y potentes para demostrar que el Parlamento cuenta y es fundamental en la lucha contra los delitos fiscales.

La política fiscal de la UE está orientada hacia el buen funcionamiento del mercado único, por lo que la armonización de los impuestos indirectos se abordó antes de los impuestos directos.

Ahora la lucha contra la evasión fiscal se ha convertido en una prioridad política reciente y las medidas fiscales se deben aprobar  por unanimidad por los Estados miembros.

La estrategia en esta materia se explica en la comunicación de la Comisión titulada “Política fiscal en la Unión Europea – Prioridades para los próximos años”. La facultad de introducir, eliminar o ajustar los impuestos queda en manos de los Estados miembros.

Siempre que cumpla con las normas de la UE, cada Estado miembro es libre de elegir el sistema fiscal que considere más apropiado.

En este marco, las principales prioridades de la política fiscal de la UE son la eliminación de los obstáculos fiscales a la actividad económica transfronteriza, la lucha contra la competencia fiscal perjudicial y la evasión fiscal y la promoción de una mayor cooperación entre las administraciones tributarias para garantizar el control y combatir el fraude.

Una mayor coordinación de la política fiscal garantizaría que las políticas fiscales de los Estados miembros respalden objetivos políticos más amplios de la UE, según lo establecido en la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y en el Acta del Mercado Único.

La lucha contra el fraude

El informe anual de actividades de la Comisión en materia de fiscalidad presenta los logros de la UE y las cuestiones fiscales que aún deben abordarse.

A la luz de las revelaciones de la prensa sobre la magnitud del fenómeno, la lucha contra el fraude fiscal y la planificación fiscal agresiva ha sido una prioridad política del actual período legislativo (2014-2019).

Además, se ha seguido trabajando en la reforma del marco del impuesto de sociedades para que la tributación de las empresas en la UE sea más justa y se adapte mejor a una economía digital moderna en el mercado interior y otra prioridad política es el diseño de un régimen de IVA definitivo.

A partir del 1 de enero de 2018, entraron en vigor nuevas normas que obligan a los Estados miembros a dar a las autoridades fiscales acceso a los datos recopilados en virtud de la legislación contra el lavado de dinero.

Las autoridades fiscales nacionales tendrán acceso directo a la información sobre los beneficiarios reales de las compañías, fideicomisos y otras entidades, así como a los registros de diligencia debida de los clientes de las empresas.

Las nuevas reglas permitirán a las autoridades fiscales reaccionar de manera rápida y eficiente ante los casos de evasión y evasión de impuestos.

El papel del Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo ha respaldado en general las líneas generales de los programas de la Comisión en el campo de los impuestos, con la lucha contra el fraude, la evasión fiscal y el lavado de dinero como una prioridad política del actual período legislativo.

Sus recomendaciones se han centrado, en particular, en el papel de las jurisdicciones fiscales específicas y de las instituciones financieras en la planificación fiscal agresiva.

La resolución del Parlamento sobre las resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efecto similares (25 de noviembre de 2015) fue producto del trabajo de su Comité Especial sobre Normas Tributarias (TAXE 1).

El texto llamó la atención sobre el hecho de que la libre competencia en asuntos fiscales y la falta de cooperación entre los Estados miembros había llevado a la desconexión entre los lugares donde se crea el valor y aquéllos donde se gravan los beneficios, lo que resulta en la erosión de la base del impuesto corporativo y la pérdida de ingresos.

Con esta resolución, el Parlamento pidió mayor transparencia, mediante el intercambio sistemático de resoluciones e información fiscal y el envío de información a la Comisión, y la introducción de informes públicos país por país (CBCR) por parte de multinacionales sobre los beneficios obtenidos, los impuestos pagados y los subsidios recibidos, así como mejor protección para los denunciantes, entre otras importantes medidas.