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16/04/2019

El Parlamento Europeo ha aprobado reforzar la protección de los "whistleblowers"

Se garantizará la protección de las personas que revelen información del entorno laboral sobre actividades ilegales o dañinas

El Parlamento Europeo ha aprobado hoy en sesión plenaria, por 591 votos a favor, 29 en contra y 33 abstenciones, la nueva ley de protección para las personas que revelen información obtenida en el entorno laboral sobre actividades ilegales o dañinas.

La nueva norma ya ha sido pactada con los Estados miembros y establece estándares comunes de protección para los denunciantes. Establece que, además de facilitar canales seguros para las denuncias, se protegerá a los informantes de las represalias y se les ofrecerá apoyo y asesoramiento.

Recientes escándalos como las revelaciones LuxLeaks, los papeles de Panamá o el escándalo de Cambridge Analytica ponen de manifiesto que los denunciantes de irregularidades juegan un papel fundamental al destapar casos ilegales. Con las nuevas normas, los ciudadanos tendrán más garantías para denunciar irregularidades contra las represalias, la intimidación y el miedo a perder su trabajo, por ejemplo.

En un sistema democrático basado en el estado de Derecho que funcione adecuadamente, los denunciantes son importantes. Por ello, hemos de ofrecerles un elevado nivel de protección en toda la Unión. Nadie debería poner en peligro su reputación o su puesto de trabajo por denunciar un comportamiento ilegal, ha asegurado el ministro de Justicia de Rumanía, Tudorel Toader.

Antecedentes

Hoy en día la protección de los denunciantes está regulada de manera fragmentaria. En la actualidad solo diez países de la UE tienen una legislación integral en este ámbito. A escala de la UE, la legislación en materia de protección de denunciantes solo se aplica a ámbitos muy específicos (principalmente en el ámbito de los servicios financieros).

Según un estudio realizado en 2017 para la Comisión, la pérdida de beneficios potenciales debido a la falta de protección de los denunciantes, solo en el ámbito de la contratación pública, se situaba en una horquilla de entre 5.800 y 9.600 millones de euros anuales para el conjunto de la UE.

Objetivos de la directiva

Las personas que trabajan en las organizaciones o están en contacto con ellas son unas de las primeras en tener conocimiento de hechos ilícitos, por tanto, tienen una posición privilegiada para informar sobre ello. Estos denunciantes ayudan a prevenir daños y a detectar amenazas o perjuicios. No obstante, no se atreven a comunicarlo por temor a represalias, de ahí la importancia de la protección para salvaguardar el interés público.

La normativa tiene como objetivo explotar el potencial de protección de los denunciantes para reforzar la aplicación de la legislación y establecer normas mínimas para una sólida protección contra posibles represalias.

En diversos instrumentos, como servicios financieros, seguridad del transporte y protección del medio ambiente, existen normas sobre los cauces de denuncia y la protección de las personas. Esta propuesta refuerza la protección de esos instrumentos ya que los complementa con normas adicionales aun conservando sus características específicas.

La introducción de normas sólidas contribuye a poder garantizar igualdad de condiciones para que el mercado único funcione correctamente y las empresas operen en un entorno de competencia leal. Ayudará a prevenir y detectar la corrupción, cosa que ahora crea inseguridad en las empresas, hace lentos los procesos e impone costes.

Algunas de las disposiciones aprobadas

Obligación de que los Estados Miembros garanticen que las entidades creen cauces internos de presentación de denuncias y procedimientos para su tramitación. Esta obligación será proporcional al tamaño de las entidades y según el riesgo que sus actividades suponen. Los cauces deberán garantizar la confidencialidad del informante. Primero se requiere que utilicen cauces internos antes de acudir a los externos establecidos por las autoridades públicas. 

Obliga a los Estados Miembros a garantizar que las autoridades tengan cauces externos y de procedimientos para la recepción y tramitación de denuncias y establece las normas mínimas aplicables. Serán necesarios profesionales formados que tramiten las denuncias. Además, se establece un plazo razonable de 3 meses para informar al denunciante y tramitar las denuncias. 

Se establecen normas mínimas sobre protección de los informantes y de las personas afectadas por las denuncias. 

Los informantes deben tener razones fundadas para creer que la información comunicada es cierta. Se salvaguarda a aquellos que comuniquen una infracción inexacta por error cometido de buena fe. No obstante, no gozarán de protección aquellos que conscientemente comuniquen una infracción falsa.

Establece la prohibición de cualquier tipo de represalias y nuevas medidas que los EEMM deben aportar para garantizar la protección como:

  • Facilitar información y asesoramiento independientes, accesibles y gratuitos sobre los procedimientos y recursos disponibles para protegerse contra las represalias
  • Eximir a los informantes de la responsabilidad por violación de las restricciones a la revelación de información
  • Prever la posibilidad de invertir la carga de la prueba en los procesos judiciales
  • Poner a disposición de los informantes medidas adecuadas contra represalias, incluso medidas cautelares
  • Garantizar que los denunciantes puedan haber presentado una denuncia en su defensa en caso de que se emprendan acciones judiciales 

Impacto y resultados

Al incrementar el nivel de protección de los denunciantes, la propuesta tendrá un impacto positivo en la libertad de expresión y de información, el derecho a unas condiciones de trabajo justas y equitativas, el derecho al respeto de la vida privada y familiar, la protección de datos carácter personal, la protección de la salud, la protección del medioambiente, la protección de los consumidores y el derecho a una buena administración.

El resultado de la directiva será un incremento de las denuncias de infracciones y la disuasión de las violaciones de todos los derechos fundamentales.


Información extraída de la página del Parlamento Europeo, de la página del Consejo Europeo y de la Directiva, disponible para descargar. Imagen de RTVE.

Votaciones en sesión plenaria disponibles aquí.

 

 

 

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