El organismo internacional que se dedica a vigilar los sistemas antiblanqueo y las posibles vías de financiación del terrorismo está de visita en España. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que así se llama, está manteniendo reuniones con organismos reguladores, instituciones y empresas para enjuiciar si las prácticas son adecuadas y emitir un informe. No se libran las ONG, cuyo sistema para recaudar fondos también se examina con lupa.
La última evaluación fue en 2014 y España la saldó con buena nota. Desde entonces, en el tercer sector “se ha mejorado bastante”, en palabras de Laura Gonzalvo, directora de cumplimiento de Ayuda en Acción. Es la representante del mundo de las ONG que se ha reunido con el GAFI, al que ha explicado cómo se han sensibilizado en estos años a la hora de fiscalizar su financiación y el paradero de sus fondos.
La situación también ha cambiado en España. Por aquella época existía ETA, y parte del tejido asociativo en el País Vasco estaba bajo sospecha por recaudar dinero que fuera a parar a la banda. Con este peligro solucionado, la principal preocupación del organismo internacional es controlar que las ONG no financien de forma soterrada a organizaciones terroristas de corte islamista.
“En la anterior evaluación nos indicaban que más allá del sector bancario, de seguros y los despachos de abogados, que están más sensibilizados con el tema, el resto de los sectores andábamos rezagados, pero hemos mejorado mucho”, explica Gonzalvo. Por un lado, en la Coordinadora de ONG para el Desarrollo han creado grupos de trabajo de transparencia y análisis normativo que trabajan para prevenir el blanqueo de capitales. Por otro lado, organizaciones como Ayuda en Acción han implementado códigos de conducta que todos los empleados y voluntarios tienen que seguir. “También hacemos un examen más exhaustivo de las personas que trabajan con nosotros, ya sean voluntarios o empleados, y firmamos con ellos una declaración de honorabilidad”, añade Gonzalvo.
Esta especialista lamenta que cualquier escándalo aislado, como el que implicó a Oxfam en Haití, salpica a todo el sector, a pesar de que los controles en todos los niveles y las auditorías son cada vez más férreos. En su organización, por ejemplo, han puesto en marcha un protocolo para identificar todos los donativos. “Si no podemos saber, informamos Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac). Pero donde existe más riesgo es a través del crowdfunding [microdonaciones], ahí sí se han visto casos de grupos terroristas que los han usado para financiarse, pero estos mecanismos apenas son usados en España por las ONG”, explica Gonzalvo.
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