Después de haber sido uno de los ámbitos de la economía más señalados por sus malas prácticas, las entidades del sector financiero progresan en la adopción de medidas de control interno y prevención de delitos (o compliance penal).

Tal y como pone de manifiesto un estudio de la consultora norteamericana Duff & Phelps, el 73% de dichas entidades ha implantado un canal de denuncias. Una cifra que admite dos lecturas. Por un lado, la más optimista es que tres de cada cuatro organizaciones cuenta ya con un whistleblowing program, un elemento fundamental para detectar irregularidades. La más pesimista, en cambio, es que, a pesar de todo lo sucedido, aún hay un 27% que se resiste a crear esta herramienta.

El propio informe parece acogerse a la segunda tesis al destacar que, a pesar de que solo el 73% de los consultados lo tiene implantado, son más, el 86%, los que opinan que los canales de denuncia deberían ser obligatorios por ley. Claramente queda trabajo por hacer, remarca el documento.

Asimismo, una gran mayoría de las entidades del sector financiero encuestadas (el 92%) se muestran partidarias de que los organismos reguladores cuenten también con estas herramientas, y dos de cada tres respaldan que se recompense a quienes denuncian irregularidades.

En el ámbito anglosajón, la SEC (Securities and Exchange Comission), organismo supervisor de valores de Estados Unidos, premia con hasta un 30% de la multa impuesta a la empresa a quien alerta de las conductas fraudulentas o delictivas. En España y en otros países europeos, en cambio, prima una visión más moralista de la denuncia y se considera un deber de quien presencia o tiene conocimiento de un delito que se vería pervertido si se hace a cambio de una recompensa económica

Intercambio de datos

El informe, que recoge la experiencia de 183 entidades bancarias, fondos de inversión y sociedades de gestión de activos, también revela cierta preocupación sobre la efectividad de las medidas contra el blanqueo de capitales. Una guerra que no se está cerca de ganar o, ni siquiera, empatar, asevera. El problema, según señala el documento, no es de recursos, sino de falta de coordinación entre las legislaciones y las políticas adoptadas por las organizaciones, lo que produce brechas y vulnerabilidades que son explotadas por los criminales.

En relación a este punto, el 57% de las entidades financieras considera necesario mejorar el intercambio de información entre los organismos reguladores y el sector, y el 52% pide una mejor coordinación regulatoria entre las distintas jurisdicciones. Los que consideran que se destinan pocos recursos, en cambio, son solo dos de cada diez consultados.

Precisamente, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es el principal riesgo penal al que se enfrentan las entidades financieras, tal y como apunta Cristina Vidal, socia de Ramón y Cajal Abogados. Tras él, aparecen otros como el descubrimiento y revelación de secretos, la estafa y la corrupción entre particulares, y otros más comunes como el alzamiento de bienes o los delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social.

Los programas de compliance penal, en consecuencia, deben adoptar medidas para prevenir todo ello. Pero no solo para evitar riesgos penales, subraya Vidal, sino también para protegerse del riesgo reputacional derivado de cualquier actividad ilícita, aunque no sea constitutiva de delito.

En esta misma línea, el informe de Duff & Phelps resalta la importancia creciente del cumplimiento normativo y la existencia de controles interinos en las decisiones de inversión (en especial, de los inversores institucionales). Nadie quiere sufrir la repercusión reputacional de haber invertido en una firma en problemas, subraya el texto. Así, los datos revelan cómo, en los últimos años, el sector financiero ha acelerado el incremento del presupuesto destinado a compliance.

CNMV: 316 ALERTAS EN UN AÑO

A través de internet. El informe anual de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) detalló cómo, en el primer año de funcionamiento de su canal de denuncias, el organismo recibió 316 comunicaciones que dieron lugar a una investigación al existir indicios serios de una posible infracción. En total, a través de la herramienta llegaron al regular 704 notificaciones. Tras suprimir reclamaciones (41), consultas (104) y cuestiones fuera de su competencia (34), de las 525 restantes, 316 (es decir, más de la mitad) merecieron el inicio de indagaciones. Internet fue la vía preferida de contacto por parte de los potenciales denunciantes, seguida del buzón tradicional (326 y 263 comunicaciones respectivamente). También se recibieron llamadas telefónicas y una visita a la sede.

Obligatorio. La experiencia de la CNMV pronto se extenderá a muchas empresas porque, según exige la directiva de whistleblowing (pendiente aún de trasposición), las compañía de más de 50 trabajadores deberán implantar obligatoriamente un canal de denuncias. En todo caso, la Ley Orgánica de Protección de Datos autoriza que las notificaciones sean anónimas.