Divalterra es quizá la empresa pública de la Comunitat con peor reputación. La llegada del PSPV y Compromís a la Diputación de Valencia impulsó el cambio de nombre de una entidad, destrozada tras la etapa de Marcos Benavent bajo el paraguas de Alfonso Rus. Una maniobra que se ha repetido en otras ocasiones, como cuando el Gobierno decidió sustituir el término de imputado por el de investigado. Pero, en definitiva, más allá de eso, no hubo modificaciones de relevancia. Una de ellas pudo haber sido, precisamente, la aplicación de un plan de prevención del delito, lo que se conoce como compliance. La reforma del Código Penal de 2015 incluyó estas medidas de autoprotección como una eximente para las empresas en las que sus responsables cometieran delitos.
Cuatro años más tarde, parece que el proceso ha alcanzado cierta velocidad. Divalterra ha elaborado ya las bases para la contratación de un director de cumplimiento normativo, que deberá ser licenciado en Derecho y actuará con plena independencia del Consejo de Administración para garantizar su imparcialidad. Ganará 70.000 euros anuales.
Un objetivo del nuevo dirigente será un canal confidencial para denuncias de empleados
El documento recoge sus principales cometidos. El más importante, sin duda, la prevención. Su trabajo consistirá en adelantarse a las posibles conductas de riesgo que algún empleado o la propia empresa desarrolle y elaborar protocolos de actuación para limitar los riesgos. Entre estas posibilidades se recoge la creación de un buzón de denuncias, un canal anónimo que permita a los trabajadores comunicar supuestos de posible corrupción. La confidencialidad debe estar garantizada.
Detectar la corrupción
Si la fase de la prevención no resulta eficiente al cien por cien, el nuevo directivo también acumulará responsabilidades en la detección y el control. Una de sus obligaciones consistirá en mantener un contacto fluido con el resto de departamentos -contabilidad, informática, por ejemplo- con el objetivo de detectar cualquier operativa de riesgo. La tercera fase se activa ya con la comisión delictiva. Divalterra quiere que el directivo sea capaz de reaccionar con celeridad ante los quebrantamientos de las normas y active el procedimiento interno de investigación con independencia de que el caso se derive posteriormente a la Fiscalía o juzgados. Lo anterior al margen de las sanciones internas que se apliquen al trabajador sospechoso de una infracción. De igual modo, este responsable informará periódicamente al Consejo de Administración
La empresa seleccionará a los candidatos, licenciados en Derecho, que no dependerán del consejo
El sueldo resulta uno de los grandes atractivos para presentar la candidatura. Los emolumentos alcanzan los 70.754 euros anuales, la misma cifra que reciben los gerentes de la entidad. La duración de este contrato de alta dirección sería de seis años -suficiente margen de trabajo- y se podría renovar por periodos de cuatro años. La empresa, aparte de los requisitos para el acceso al puesto, solicita que el aspirante elabore un diagnóstico de la sociedad. Del mismo modo, ese dosier contendrá también la estrategia que el director quiera implantar en Divalterra y cómo evaluará que los compromisos adquiridos se van cumpliendo paulatinamente.
La figura del director de cumplimiento llega tras una legislatura perdida en este campo. El Botánico se caracterizó por su inacción en esta empresa pública, más flagrante si cabe en una entidad ya salpicada por la corrupción como germen de la mayor macrocausa judicial que se recuerda.
Hasta la fecha, desde la sociedad, explicaron que se habían revisado los procedimientos y establecido ciertas pautas de vigilancia, pero en ningún caso se puede hablar de la aplicación de un plan específico dentro de la firma. De hecho, las propias bases para la contratación del director de prevención ponen el énfasis precisamente en la activación de esas medidas a través de la creación de protocolos o códigos de actuación.
El Código Penal exime de responsabilidad penal a las empresas que tienen planes contra el delito
Disputas en Divalterra
Las discrepancias entre Compromís y el PSPV en la dirección de la empresa -obligaron a colocar a dos gerentes, uno de cada partido- hizo imposible implantar la medida. Desde cada uno de los partidos se culpaba al contrario de la falta de actividad en este sentido. Casualmente durante esos años de indefinición se gestó el mayor caso de corrupción del Botánico, con la detención de Jorge Rodríguez, presidente de la Diputación de Valencia, por la colocación de altos directivos al margen de la ley.
La operación dañó terriblemente la imagen de renovación y limpieza que había tratado de construir el PSPV. Junto a Rodríguez, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional arrestó a buena parte de su núcleo de confianza. Los dos cogerentes de Divalterra, Agustina Brines (formaba parte del Consell Nacional de Compromís) y Xavi Simó (PSPV) se vieron salpicados por este escándalo. La bicefalia se implantó para terminar con el saqueo de la época del arrepentido Marcos Benavent. Pero se demostró completamente inútil. Previamente otro gerente de la empresa, Víctor Sahuquillo, se vio obligado a dejar su responsabilidad al cargar como dietas gintonics y algún licor.
Las discrepancias entre el PSPV y Compromís han retrasado una legislatura la puesta en marcha del pla
Otros investigados en la causa que instruye el juzgado de Instrucción 9 de Valencia son el asesor de máxima confianza de Rodríguez, Manuel Reguart, y el jefe de gabinete del presidente, Ricard Gallego. Por último, también Jorge Cuerda, el letrado del presidente de la Diputación y secretario del Consejo de Administración de Divalterra figura entre los sospechosos. Estos investigados todavía no han comparecido en el juzgado para dar su versión de los hechos.
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23 de Abril
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