La justificación del contrato público y el control del expediente de contratación como formas de prevenir los delitos de corrupción

Artículo de Ángeles Jareño Leal, Catedrática de Derecho penal en la Universidad de Valencia

Publicado en BICE Núm. 3114 (2019): El retail en España, cada vez menos interior, cada vez más digital.

RESUMEN

Es indudable que un buen control administrativo de la actividad contractual puede evitar el recurso final al Derecho penal, que en la actualidad está jugando un papel excesivamente protagonista en la fiscalización de los contratos públicos irregulares. Es necesario que la propia Administración tutele con eficacia el procedimiento de contratación, para reconocer y paralizar contratos carentes de justificación desde el principio, o contratos cuyo seguimiento con mayor interés habría desvelado determinadas prácticas corruptas. Una mayor contundencia de la Administración en su actividad sancionadora puede evitar, en gran medida, el recurso final a la vía penal.

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