La vigencia de la normativa jurídica anticorrupción en Brasil, Chile y Argentina fue expuesta durante el III Congreso Internacional sobre Compliance y Lucha Anticorrupción que se celebró en la Universidad de Morón con la presencia de las máximas autoridades de las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de esa casa de estudios.
La corrupción le cuesta al mundo dos billones de dólares cada año. La corrupción trae aparejada pobreza; por lo tanto, hay que dar la lucha contra ese flagelo, para eso necesitamos compliance, expresó Lina Anllo, presidenta de la World Compliance Association (WCA) Capítulo Argentino, en referencia a la necesidad de establecer procedimientos y mecanismos de prevención, control y reacción frente al problema.
Es que, tras la promulgación en Argentina de la Ley 27.401 Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, en Argentina, Anllo advirtió sobre la importancia de que las empresas apliquen programas de integridad para evitar daños en su reputación en esa materia.
En tal sentido, el abogado penalista Emilio Cornejo Costas, miembro de Lisicki, Litvin y Asociados, señaló: Los bancos están obligando a tener un programa de integridad. Debe decirse que están exigiendo la demostración del funcionamiento de tal programa.
De acuerdo con lo señalado por Karine Dias Elsar, compliance officer y líder regional del CWV en Goias (Brasil), también en ese país suramericano, en el que fue aprobada la Ley 12.846, se registra una situación similar. El Banco de Desarrollo y bancos públicos no prestan a las empresas que no tienen programas de compliance. Cada vez más compañías buscan tener programas de integridad y generar una cultura ética, aseguró.
La jurista chielna Ana María Muñoz Blawciak, manager & compliance adviser, dijo que en su país también fue aprobada una ley al respecto, la 20.393, la cual ha permitido avanzar en la última década en materia de compliance.
Tener cultura ética agrega valor: en YPF hemos renovado el código de ética y de conducta, recordó María Lujan Bianchi, chief compliance officer de YPF S.A. Citó como ejemplo el caso de una empresa de solo 12 empleados, cuyo dueño decidió aplicar compliance por cuanto considera que atrae clientes, sobre todo, del exterior. Carlos Alberto Mau, director de Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A., recomendó pensar en compliance porque no se trata de un enemigo, es un aliado en los negocios.
También Gisel Salinas, responsable del Comité Técnico Compliance y Pymes, precisó: Ser éticos nos destaca, aquella pyme que tenga aceitado su programa sería elegida al cerrar un negocio.
La transparencia en campañas electorales y partidos políticos también fue revisada en el III Congreso Internacional. Hernán R. Gonçalves Figueiredo, secretario de Actuación Judicial de la Cámara Nacional Electoral, refirió que fue solicitada información financiera, de tal modo que se supo que para las PASO, 61% de los recursos correspondieron a donaciones de personas jurídicas y, el resto, a aportes de personas humanas.
En ese sentido, Nadia Karaguezian, coordinadora de Instituciones Políticas del CIPPEC, comentó que, según investigaciones periodísticas, las dos principales alianzas solo declararon en 2015 entre 5 y 10% de los recursos empleados en sus campañas. Agregó que para las PASO se cumplió con la bancarización de los aportes.
Si bien en la Ley 27.401 no está contemplado lo concerniente a las campañas y partidos, los panelistas sobre este tema – Alejandro Tullio, experto en derecho y administración electoral; Pablo Secchi, director ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano y Sergio Nobile, vicepresidente de la WCA Capítulo Argentino, quien fungió como moderador-, dijeron que podría generarse un cambio legislativo para que las alianzas políticas apliquen compliance.
El evento culminó con la presentación del caso de Escobar, que se convierte en el primer municipio de la Argentina en recibir la certificación ISO 37001 Antisoborno. Sobre su alcance, el intendente Ariel Sujarchuk afirmó que la decisión apunta a avanzar en la transparencia de la gestión de 3500 funcionarios.
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