La Ley de Información no Financiera y Diversidad veía la luz a finales del año pasado, trasladando así al ordenamiento jurídico español la Directiva europea en esta materia. La norma obliga a las empresas, cotizadas o no, y entidades de interés público, con más de 500 trabajadores o 40 millones de euros de ingresos, a reportar sus impactos ambientales, sociales y de gobierno, así como su estrategia para mitigarlos.

La Ley detalla la información que debe reflejarse en los reportes en cinco ámbitos: cuestiones medioambientales; sociales y relativas al personal; respeto a los derechos humanos; lucha contra la corrupción y el soborno; y sociedad. La presentación afecta, con carácter retroactivo, a la información relativa al ejercicio 2018.

La consultora EY ha analizado la información presentada por el Ibex sobre sus actuaciones en 2018. El Estudio Comparativo de los Estados de Información No Financiera (EINF) del Ibex 35 destaca que, en este primer ejercicio de cumplimiento de la Ley, el 98% de los indicadores cuantitativos no financieros tienen más de una forma diferente de medición. Esta gran heterogeneidad en las formas de calcular los indicadores, así como la variabilidad de sus resultados, cuestionan, según EY, la capacidad para su comparación por terceros.

Información adicional

El análisis señala que nueve de cada diez compañías han ofrecido información adicional a la estrictamente requerida. El 58% la ha ofrecido integrada en los informes de gestión (como parte del informe de gestión o como documento separado) y el 38% en otros informes adicionales (como, por ejemplo, la memoria de sostenibilidad).

El 65% ha orientado sus estados de información no financiera al cumplimiento de los requerimientos del regulador, frente al 35% que los ha dirigido a dar respuesta a las expectativas de todos sus grupos de interés. Hay dos enfoques generales de presentar los datos no financieros. Uno que tiende a ofrecer la información segmentada por grupos de interés, en este caso el regulador, y otro hacia integrar toda la información relevante para los grupos de interés en un único documento.

Sí hay un avance en el reporte de los procesos de gestión para definir asuntos relevantes. El 100% de las empresas que componen el Ibex describe el proceso de definición de los asuntos relevantes, frente al 71% que lo hizo el ejercicio anterior. El 90% presenta los resultados de su análisis de materialidad, frente al 10% que no lo ha hecho. Pese a esto, menos del 5% de la información requerida por la Ley no ha sido reportada por considerarla no material.

Salvedades en los informes de verificación

La Ley incluye la exigencia de que las políticas éticas, sociales y ambientales cuenten con la verificación de un externo independiente. El análisis de EY señala que el 68% de los informes de verificación del Ibex fue realizado por la misma firma que hizo la auditoría externa. Destaca que el 13% de estos informes presentaron salvedades relacionadas con los indicadores relativos al reporte de beneficios por país, remuneraciones medias o brecha salarial.

La aplicación de la nueva norma potencia la transparencia y la fiabilidad de los datos de las empresas, ya que la información tiene que ser verificada por un tercero independiente (en 2017 solo existió esta supervisión en cerca del 40% de las empresas). Estos dos factores, transparencia y confianza, son muy valorados en el mercado y los inversores los tienen muy en cuenta a la hora de tomar sus decisiones de inversión, afirma Alberto Castilla, socio de Gobierno y Responsabilidad Corporativa de EY.