Laura Kövesi, ex jefa de la unidad anticorrupción de Rumanía, especializada en investigar casos de corrupción de alto nivel, ha sido nombrada directora de la nueva Fiscalía Europea contra el Fraude, que se espera esté operativa a finales del próximo año y cuyo principal objetivo será la investigación de delitos financieros en la Unión Europea, como el fraude transfronterizo del IVA, el lavado de dinero y la corrupción.

En un futuro, no se descarta que incluya la investigación de otros crímenes, como por ejemplo, el terrorismo.

La magistrada, destituida de su puesto por el Gobierno rumano e imputada por la justicia de su país, ha denunciado en repetidas ocasiones una campaña de persecución por parte del Gobierno rumano. 

Kövesi impulsó decenas de investigaciones contra políticos corruptos en Rumanía, entre ellos varios altos cargos del ahora gobernante partido socialdemócrata.

Por esta razón el Gobierno rumano, que actualmente preside la Unión Europea, ha tratado de impedir que Kövesi fuera nombrada fiscal general europea.

Las presiones llegaron a tal punto que desde Bruselas pidieron a Rumanía que respetara el proceso de selección. El Gobierno de Rumanía la  acusa de haber abusado de los servicios de inteligencia para fabricar acusaciones de corrupción contra políticos.

El Parlamento pidió el establecimiento de un organismo de la UE en varias resoluciones, en las que destacaba la importancia de garantizar la independencia de sus fiscales. La EPPO fue aprobada en 2017 y finalmente se llegó a un acuerdo sobre quién debería liderarla en septiembre de 2019.

Actualmente, solo las autoridades nacionales pueden investigar y enjuiciar el fraude contra el presupuesto de la UE, pero sus poderes se detienen en las fronteras nacionales.

Por otro lado, los organismos existentes de la UE como Eurojust, Europol y la oficina antifraude de la UE (OLAF) carecen de los poderes necesarios para realizar investigaciones y enjuiciamientos penales.

Hasta ahora, 22 Estados miembros se han unido a la EPPO. Los cinco países que actualmente no participan (Suecia, Hungría, Polonia, Irlanda y Dinamarca) pueden unirse en cualquier momento.

FRAUDE EUROPEO

En 2017, el fraude afectó a 467,1 millones de euros del gasto presupuestario de la UE en países de la Unión. Los documentos y declaraciones falsas o falsificadas constituyeron los tipos más comunes de fraude, según un informe de la Comisión.

La Fiscalía Europea tendrá su sede en Luxemburgo, junto con el fiscal general y los fiscales de todos los países participantes. Dirigirán las investigaciones penales cotidianas que realizarán los fiscales delegados en todos los estados miembros participantes.

Operará como una oficina única en todos los países participantes de la UE y combinará los esfuerzos de aplicación de la ley europeos y nacionales en un enfoque que se pretende  unificado, transparente y eficiente.

DOS NIVELES ORGANIZATIVOS

La Fiscalía Europea se construirá en dos niveles: el central y el nacional. El nivel central comprende  el Fiscal General Europeo, sus dos diputados, 22 fiscales europeos (uno por país participante de la UE), dos de los cuales actuarán como adjuntos al Fiscal General Europeo y el Director Administrativo.

El nivel descentralizado consistirá en fiscales europeos delegados en cada país participante de la UE. El nivel central supervisará las investigaciones y procesamientos que se realicen a nivel nacional.

Como norma, serán los fiscales europeos delegados los que llevarán a cabo la investigación y el enjuiciamiento en su país de la UE.

Los derechos de los sospechosos y acusados ‹estarán asegurados por amplias garantías procesales basadas en las legislaciones nacionales vigentes y la de la UE.

La Fiscalía Europea se asegurará de que sus actividades respeten los derechos garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, incluido el derecho a un juicio justo y el derecho a la defensa.

Los actos procesales de la Fiscalía Europea estarán sujetos a revisión judicial por parte de los tribunales nacionales. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, mediante sentencias preliminares, tiene poderes residuales para garantizar una aplicación coherente de la legislación de la UE.

ARMONIZACIÓN DEL DERECHO PENAL

A partir del 6 de julio de 2019, los Estados miembros deben tener la Directiva (UE) 2017/1371 sobre la lucha contra el fraude a los intereses financieros de la Unión mediante el derecho penal transpuesta a sus leyes nacionales («Directiva PIF»).

Las nuevas normas aumentarán el nivel de protección del presupuesto de la UE, al armonizar las definiciones, las sanciones y los plazos de prescripción de los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión.

La Directiva no sólo es un instrumento esencial para la armonización del derecho penal de los Estados miembros en el ámbito de los delitos contra el presupuesto de la Unión, sino que también sienta las bases para la futura Fiscalía Europea, que investigará y procesará la práctica de delitos.

El dinero destinado a mejorar el bienestar de los ciudadanos de la UE siempre ha sido blanco de delincuentes y estafadores. Cada año, el fraude transfronterizo del IVA causa un daño estimado de 50.000 millones de euros en los presupuestos de los Estados miembros y la UE.

En 2017, los Estados miembros informaron irregularidades fraudulentas de alrededor de 500 millones de euros.

DIFICULTADES DE LA INVESTIGACIÓN

Estos delitos a menudo no son suficientemente investigados y procesados a nivel nacional, debido a la falta de aplicación de la ley y de los recursos judiciales, o a la falta de priorización de la protección de las finanzas de la UE por parte de los países.

Los casos transfronterizos también son difíciles de investigar y presentan lagunas en la cooperación judicial.

Todo ello generaba un sentimiento de impunidad, ante el acual la respuesta de la UE ha sido el establecimiento de esta Fiscalía Europea un nuevo organismo que cambia las reglas del juego el juego y tiene la capacidad de llevar a cabo investigaciones y procesamientos rápidos en los Estados miembros.

La independencia de la EPPO está en el corazón del proyecto. Desde el momento en que son nombrados, el Fiscal Jefe Europeo y todos los fiscales están protegidos contra cualquier influencia inadecuada a nivel europeo o nacional (por ejemplo, interferencia política en los enjuiciamientos).

Aunque totalmente independiente, la Fiscalía Europea sigue siendo responsable ante el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión por sus actividades generales, sin perjuicio de su obligación de discreción y confidencialidad con respecto a casos individuales.

DELITOS “PIF”

El foco de su mandato será el fraude y otros delitos que afecten los intereses financieros de la UE (los llamados delitos «PIF», según lo definido en la Directiva (EU) 2017/1371) y que incluyen:

Fraude relacionado con gastos e ingresos; fraude relacionado con el IVA (en la medida en que está conectado con el territorio de dos o más Estados miembros y tiene un valor de al menos 10 millones de euros); lavado de dinero de activos derivados de defraudar el presupuesto de la UE.

También corrupción activa y pasiva o apropiación indebida que afecta los intereses financieros de la UE. Asimismo, se perseguirá la participación en una organización criminal si el objetivo de sus actividades es cometer delitos contra el presupuesto de la UE.

En general la EPPO podrá investigar cualquier tipo de fraude que involucre fondos de la UE, por ejemplo, fraude de fondos regionales, fondos de política agrícola común, incluyendo el abuso de los procedimientos de licitación y casos complejos de fraude de carrusel de IVA.

Estas actividades fraudulentas, dice la UE, tienen un impacto directo en la vida cotidiana de las personas, alimentan la inseguridad entre los ciudadanos, infligen graves daños a una amplia gama de actores económicos y empresas y, en última instancia, socavan la credibilidad de la Unión como tal.

WHISTLEBLOWERS

La EPPO podrá recopilar información, aparte de a través de los canales habituales de cooperación entre países, de manera proactiva o desde otras fuentes, como pueden ser las noticias, o informaciones de personas privadas o  denunciantes.

Estos últimos deberán estar protegidos de acuerdo con la Directiva de la UE recientemente acordada para la protección de los denunciantes, evitando que sean disuadidos de su denuncia por temor a represalias.