La Comunidad ha encontrado casi 200 contratos de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda que contienen la cláusula investigada por el juez Manuel García-Castellón en la pieza del caso Púnica sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. El magistrado de la Audiencia Nacional ya indaga si las concesionarias de otros 16 acuerdos de ese departamento, y de 34 más de la Consejería de Sanidad, estaban obligadas contractualmente a dedicar un 1% del montante total a publicidad, que luego contrataban con empresas que hacían las campañas electorales de los populares. Estas compañías habrían cobrado así el dinero por sus trabajos para el PP, según los investigadores, que analizan contratos de carreteras que superan los 74 millones de euros.

Tras una petición de información a la que accedió EL PAÍS, la Comunidad de Madrid ha admitido la existencia de 196 contratos firmados entre 2009 y 2013 con la cláusula del 1% que se investiga en la Audiencia Nacional. Esos acuerdos fueron firmados por la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, o por la extinta Madrid Infraestructuras del Transporte (Mintra), por lo que no incluyen los rubricados por la Consejería de Sanidad y el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), también bajo investigación. ¿El problema? Nadie encuentra, por ahora, las facturas. No hay constancia, tampoco, de que se emplearan en la trama investigada.

Se informa de que consultados los datos obrantes en dicha consejería, no existe constancia de facturas presentadas y pagadas por los contratistas entre los años 2009 y 2013 que contuvieran la cláusula con el texto que se indica en el literal de la iniciativa, ni cualquier otra que obligara al contratista a realizar gastos similares a los contenidos en dicha cláusula, se lee en la respuesta gubernamental a una petición de información de la diputada Sol Sánchez.

La respuesta genera intranquilidad y confirma las sospechas: ¿cómo puede haber algo en un contrato y luego no aparecer facturado?, se pregunta la integrante de Izquierda Unida y representante en la Asamblea de Madrid de Unidas Podemos IU Madrid en Pie. Esto ha sido un agujero negro y hay que asegurarse de que no lo siga siendo, añade sobre la presunta conexión entre la contratación pública de la Comunidad de Madrid, donde gobierna el PP desde 1995, y la financiación de las campañas electorales de la formación conservadora. Se nos ha dicho en la Asamblea que la cláusula del 1% no existe desde 2013, pero queremos que lo certifiquen porque es un modus operandi que se repitió durante mucho tiempo, advierte. Por eso, la Audiencia investiga dónde estaba yendo ese dinero, y nosotros queremos depurar las responsabilidades políticas.

Todos los contratos se firmaron durante las presidencias de Esperanza Aguirre (2003-2012) e Ignacio González (2012-2015), que han declarado como investigados ante el juez, negando cualquier implicación en la supuesta trama.

Los investigadores, sin embargo, han detallado con precisión el mecanismo con el que piensan que el PP financió supuestamente las campañas electorales que le llevaron a cosechar mayoría absoluta tras mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2015.

Se aprovechó la existencia de contratos con elevados presupuestos que se iban a licitar desde algunas Consejerías de la Comunidad, como eran los de construcción de obras, para introducir una cláusula en los pliegos de los mismos que obligaba a la empresa contratista correspondiente a abonar hasta un 1% de su presupuesto total para la contratación de publicidad de la obra pública adjudicada, resume el juez García-Castellón en el auto de septiembre en el que decidió la imputación de Aguirre. Este fue el caso de las Consejerías de Sanidad y su ente adscrito, el Sermas, que habrían aprovechado el desarrollo del llamado Plan de Infraestructuras Sanitarias, que financiaba la construcción o reforma de nuevos hospitales y centros de salud, y también el caso de la Consejería de Transportes, que atendía el Plan que financiaba la construcción de nuevas carreteras, al amparo del cual los investigados simularon la necesidad de contratación de publicidad, sigue. En este segundo supuesto, el desvío del dinero público se producía a través de las empresas adjudicatarias de cada contrato, que se veían obligadas a incrementar la oferta que presentaban al concurso en ese 1% para publicidad a la que les obligaba el Pliego, añade el escrito del juez, que alude a la posibilidad de que se hayan empleado facturas más que cuestionables. Muchas de ellas con publicidad que no se realizó.

Hospitales y carreteras

Hasta ahora, García Castellón ha reclamado a la Comunidad de Madrid información sobre los contratos de construcción y explotación de 34 hospitales y centros de salud públicos y de 16 proyectos de carreteras de la red regional.

El juez instructor de esta trama de corrupción que se investiga desde 2014 ha solicitado a la Consejería de Sanidad los expedientes electrónicos completos de los contratos de construcción y explotación de los hospitales públicos Puerta de Hierro de Majadahonda, Parla, Coslada, San Sebastián de los Reyes, Vallecas, Arganda del Rey y del Tajo (Aranjuez). También reclama al Servicio Madrileño de Salud los contratos de gestión de 27 hospitales y centros de salud, entre ellos el del hospital de Valdemoro, o el 12 de Octubre, en la capital.

Estas obras llevaban incorporada la cláusula del 1% en publicidad, que supuso un coste total de 3,07 millones de euros, parte de los cuales habrían acabado en la caja b del PP madrileño, según los investigadores.

El juez también se ha interesado por los expedientes completos sobre obras de duplicación y reparación de 16 carreteras regionales porque sospecha que también fueron sometidas al 1% de publicidad. Estas obras totalizan contratos por 74,65 millones de euros, por lo que, de haberse aplicado el 1% a todas, el partido se habría podido beneficiar de 746.500 euros, presuntamente.