Nueva Zelanda y Dinamarca, los países con los sectores públicos menos corruptos del mundo

Leer el Índice de Percepción de la Corrupción de 2019 (IPC) que acaba de ser publicado es entregarse a un pesimismo desmedido. Datos como que en los últimos ocho años solo 22 países de los 180 analizados han mejorado significativamente en sus esfuerzos por luchar contra la corrupción; que estos esfuerzos empiezan a estancarse en los países del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) o que dos tercios de los países analizados no llegan al aprobado contribuyen a ello.

Este informe que desde 1995 elabora anualmente Transparency International, una organización global que lucha contra la corrupción, tiene claro que para hacer frente a esta lacra es necesario reducir la relación que existe entre las grandes fortunas y la financiación que, en muchas ocasiones, hacen de campañas electorales y partidos políticos; así como favorecer la participación de todos los actores sociales en la toma de decisiones políticas, no únicamente de las personas ricas y aquellas bien relacionadas. Es significativo que muchos de los países que ocupan el TOP 10 en este índice de transparencia lo hagan también en el estudio de los países más y menos democráticos del mundo.

De hecho, este análisis asegura que aquellos países en los que las leyes para la financiación de las campañas son claras y, además, se aplican suelen tener una media de 70 puntos de los 100 posibles. Lo mismo ocurre con los que implican en los procesos de consulta a toda la sociedad, su media suele alcanzar los 61 frente a los escasos 32 de aquellos donde no se integran.

Así, teniendo en cuenta, entre otros, estos aspectos, el IPC ha hablado para poner sobre la mesa la percepción que se tiene de los niveles de corrupción del sector público en 180 países y territorios, revelando que Nueva Zelanda y Dinamarca pueden presumir de tener el sector público menos corrupto de todo el mundo. Empatan en lo más alto con 87 puntos, uno menos del que consiguiera el año pasado Dinamarca a quien le ha tocado compartir el primer puesto.

Ambos países superan con creces a los dos tercios de los analizados que no rebasan los 50 puntos, manteniendo la media de 43 que ya obtuvieran en 2018 y también en 2017.

En esta zona media de la tabla, pero aprobando, se encuentra España que ha pasado de los 58 puntos de 2018 a los 62 de 2019, situándose en el puesto 30 junto a Portugal, Qatar y Barbados frente al 41 que ocupó el año pasado.

En el otro extremo del ranking, en los puestos finales, el IPC vuelve a situar a Somalia, con 9 puntos, uno menos que en 2018; y cerca de ella, por la cola, quedarían Sudán del Sur (12 puntos), Siria (13), Yemen (15) y Venezuela (16).

El IPC analiza la percepción de los niveles de corrupción que tiene el sector público en 180 países y territorios, utilizando para ello las valoraciones de expertos y personas del mundo de los negocios así como 13 estudios. Con toda esta información se realiza una puntuación, siendo 0 el valor que identifica a los altamente corruptos y 100 a aquellos libres de ella.

Para que un país o territorio se contemple en este informe debe haber aparecido previamente en, al menos, tres de las 13 fuentes de datos que se utilizan para elaborar el IPC. Es decir, que no haya sido incluido en el ranking no significa que no tenga corrupción, simplemente que no hay suficiente información sobre ese país o territorio.

Además de las entrevistas realizadas a expertos, para la elaboración del IPC 2019 se han utilizado los datos de las citadas 13 fuentes de organismos independientes: Evaluación Institucional y de las Políticas Nacionales 2018, del Banco Africano de Desarrollo; Indicadores sobre Gobernabilidad Sostenible 2018, de Bertelsmann Stiftung; Índice de Transformación 2020, de Bertelsmann Stiftung; Servicio de riesgo país 2019, de Economist Intelligence Unit; Naciones en Transición 2018, de Freedom House; Condiciones comerciales e indicadores de riesgo 2018, de Global Insight; Encuesta de Opinión Ejecutiva 2019 del Anuario de Competitividad Mundial, de IMD World Competitiveness Center; Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence 2019; Guía Internacional sobre Riesgo País 2019, de PRS Group International; Evaluación Institucional y de las Políticas Nacionales 2018, del Banco Mundial; Encuesta de Opinión Ejecutiva 2019, del Foro Económico Mundial; Encuesta a expertos para el Índice de Estado de Derecho 2019, de World Justice Project y Variedades de Democracia (V-Dem) 2019. Todos ellos publicados en los dos últimos años.

Entre los aspectos de la corrupción que se tienen en cuenta, en base a estas fuentes y a las preguntas que se les plantea a los expertos, se encuentran el soborno, el desvío de fondos públicos, la preponderancia de funcionarios públicos que aprovechan la función pública para beneficio personal sin enfrentar ninguna consecuencia; la posibilidad de los gobiernos de contener la corrupción y hacer cumplir mecanismos de integridad eficaces en el sector público; las trabas administrativas y requisitos burocráticos excesivos que podrían incrementar las oportunidades de corrupción; los nombramientos en la administración pública efectuados en función del nepotismo, en vez del mérito; el juicio penal efectivo de funcionarios corruptos; la existencia de leyes adecuadas sobre divulgación financiera y prevención de conflictos de intereses para funcionarios públicos; la protección legal de denunciantes, periodistas e investigadores cuando informan sobre casos de soborno y corrupción; la captura del Estado por intereses particulares y, por último, el acceso de la sociedad civil a información sobre asuntos públicos.

Se quedan fuera, sin embargo, la percepción o experiencia ciudadanas de corrupción; el fraude fiscal; los flujos financieros ilícitos; los facilitadores de corrupción (abogados, contadores, asesores financieros…); el lavado de dinero; las economías y mercados informales; y la corrupción del sector privado.

Es por esto último, por dejar fuera, al sector privado que no puede considerarse que el IPC sea un dictamen definitivo sobre el grado de corrupción de un país entero, incluyendo aquí a su sociedad, sus políticas y las actividades privadas.