Máxima tensión en la banca privada española. La macroinspección orquestada por el Sepblac el año pasado está poniendo contra las cuerdas a varias entidades que podrían ser multadas en los próximos meses, según diversas fuentes financieras consultadas por este medio. No es el único efecto de este ejercicio. Junto a las posibles sanciones, las entidades están viéndose forzadas a cerrar cuentas de clientes vip. Este organismo depende funcionalmente del Ministerio de Economía, desde el que no hicieron comentarios.
Las mismas fuentes explican que el Sepblac está poniendo en el foco aquellas entidades con negocio de banca privada en España que usan filiales en Luxemburgo y Suiza para dar servicio a sus clientes. El organismo encargado de la prevención del blanqueo en España ha querido chequear que esta doble actividad no relaja los controles.
El Sepblac acorrala a las grandes fortunas con una macroinspección a la banca privada
La macroinspección se puso en marcha hace alrededor de un año bajo el liderazgo de Juan Manuel Vega, director general del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), como adelantó este medio.
Este organismo no quiere que haya ni una cuenta de la que no se sepan con detalle el origen de los fondos y la trazabilidad fiscal. Fuentes de banca privada se quejan de que se les está haciendo ir más allá que a los inspectores de Hacienda: “Hay cosas absurdas. Entiendo que nos hagan revisar que el dinero no tiene nada que ver con el terrorismo o el narcotráfico, pero nos aprietan las tuercas con operaciones del pasado ya regularizadas o prescritas”.
La posibilidad de que se eche a clientes está contemplada en la ley española desde 2010: “En ningún caso los sujetos obligados [bancos, entre otros] mantendrán relaciones de negocio o realizarán operaciones con personas físicas o jurídicas que no hayan sido debidamente identificadas”, expone la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Pero su aplicación no había sido tan intensa hasta 2018 y 2019, según las mismas fuentes.
Desde la banca privada, critican que les fuercen a indagar orígenes remotos de fortunas familiares: herencias, los libros de antiguas sociedades del siglo XX o declaraciones de hace décadas, entre otros. “Pedir determinada documentación a un cliente es asumir un riesgo alto de que se vaya con otra entidad, o que si iba a cambiarse contigo, se quede donde estaba”, expone un financiero.
Los banqueros privados también se quejan de que el Sepblac y los departamentos de cumplimiento normativo no les dan por buenas ni siquiera las cuentas que captan de las grandes entidades españolas, a las que también deben revisar a fondo.
Inspección en fase final
Mientras las entidades inspeccionadas resuelven el problema, todo apunta a que el Sepblac tomará una decisión sobre posibles multas en dos meses. La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBCIM) se reúne trimestralmente, y en el encuentro de diciembre no se tomaron decisiones sobre los expedientes a la banca privada, según las fuentes consultadas. La siguiente reunión es en marzo.
El CPBCIM está presidido por la secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, que repite en esta nueva legislatura, junto a representantes del Tesoro, La Fiscalía, Anticorrupción, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, la CNMV, Seguros, la Guardia Civil, el CNI y la Policía Nacional, entre otros organismos.
La actividad de este organismo ha ido a más en los últimos años. Las entidades inspeccionadas pasaron de 61 en 2017 a 77 en 2018, un año en el que el foco estuvo en las entidades de medios de pago —financiación al consumo—. Todavía no hay cifras de 2019, aunque todo apunta a que habrá un nuevo salto. La función del Sepblac es clave para evitar la financiación para actividades delictivas y la evasión fiscal. Aunque desde la banca privada se quejan de que, de tanto apretar, pueden ahogar.
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