BBVA espiaba a su plantilla en busca de topos que pasaban información

BBVA investigó miles de correos electrónicos y llamadas de sus empleados en busca de comunicaciones con periodistas para saber quién les estaba facilitando información sobre la entidad, según consta en el sumario del caso Villarejo y publica este sábado El País.

En el sumario figuran correos electrónicos de directivos del banco, incluidos el actual y el anterior director de comunicación de la entidad, Paul Tobin e Ignacio Moliner, y de su subordinado, Ignacio Jiménez, en los cuales se facilitan listados de periodistas concretos para investigar qué contactos tenían con empleados de la entidad.

A esos efectos, los responsables de comunicación facilitaban los números de teléfono y las direcciones de correo de dichos periodistas para luego rastrear si habían interactuado con empleados del banco. Julio Corrochano, exresponsable de seguridad del banco y contacto del excomisario Villarejo, estaba entre los destinatarios de los mensajes en que se pedía investigar quién interactuaba con esos periodistas.

Esa práctica llevó a espiar también las llamadas y los correos electrónicos de los propios empleados del departamento de comunicación, incluso a sus cuentas personales de correo electrónico. El banco llegó a registrar la localización de sus empleados por las coordenadas de sus teléfonos móviles.

La práctica de vigilar los contactos de periodistas con empleados de la entidad se extendió al menos de 2012 a 2018. Inicialmente había peticiones de rastreo de teléfonos y correos ante la publicación de noticias concretas, pero luego la vigilancia se convirtió en sistemática y todos los meses se elaboraban listados con las llamadas y mensajes entre empleados y ciertos periodistas concretos a los que los responsables de comunicación habían señalado. Entre ellos estaban Ángeles Gonzalo, de Cinco Días, e Íñigo de Barrón, de El País.

Un portavoz de la entidad señaló a El País que “la elaboración de estos listados no es constitutiva de irregularidad alguna”. El banco sostiene que la práctica está “amparada en la legalidad y en la propia normativa interna de la entidad, en la medida en que se trata de dispositivos de comunicación propiedad de BBVA y los listados se elaboran con información de la propia entidad”.