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Crónica II Jornada de Auditoría y Compliance

El pasado viernes, 28 de febrero, tuvo lugar en las instalaciones del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC) en Barcelona la segunda edición de la Jornada de Auditoría y Compliance. El evento, de inscripción gratuita y organizado por la World Compliance Association (WCA) junto al CCJCC y COMPCAT, reunió a cerca de 150 profesionales del sector, que pudieron asistir a las ponencias de representantes de la Administración Pública y la Oficina Antifraude de Catalunya, así como expertos de las entidades organizadoras y los compliance officers de Nissan, Port Aventura y Cirsa, entre otros. 

En la inauguración del evento, que corrió a cargo de los presidentes de las tres entidades organizadoras, se remarcó el objetivo de la jornada, converger los mundos de la auditoría y del compliance, complementos indispensables sobre los que se abordaron diversos aspectos tanto de los programas de cumplimiento como de las auditorías de los sistemas de gestión del compliance normalizados ISO 37001 y UNE 19601 y el papel del verificador externo del informe del Estado de Información no Financiera (EINF).

El Estado de Información No Financiera (EINF)

En el primer bloque de la mañana, los expertos debatieron sobre el papel de los verificadores externos y su regulación en relación el EINF, así como sobre los retos que ha supuesto su reciente aplicación. Valorando su recorrido en este primer año de aplicación, el socio de auditoria de Grant Thornton, Sergi Puig-Serra Casas, opinó que este tiempo no ha sido suficiente para que la empresa conozca la ley y se adapte. “Es una ley que exige información que las empresas no están acostumbradas a tener y, por tanto, no cuentan con sistemas de control interno que puedan recogerla”, argumentó. En este sentido, el vicepresidente de COMPCAT, Jacob Jordà, añadió que “existe una gran dificultad en la extracción de algunos de los datos que se solicitan en el EINF” e hizo referencia a la dificultad para crear fórmulas que puedan calcular ciertos indicadores de comparación, como por ejemplo la brecha salarial. 

La directora del Área de Certificación de Sistemas de la WCA, Paloma López, que tildó al EINF de fundamental y, a la vez, “incómodo para las empresas”, aprovechó su intervención para opinar que “añadiría el concepto de “compliance” en el EINF”, mucho más amplio que el de “corrupción y soborno”. La experta explicó también que “un suceso inesperado puede acabar con la empresa, y por eso añadiría otros conceptos al EINF como los planes de contingencia y de prevención del negocio”.

En el siguiente bloque, se trató el EINF desde el punto de vista del auditor. Las opiniones fueron acordes a las de de los expertos del anterior bloque; para el Risk Advisory Services de Deloitte España, David Eraso, las tres debilidades del reporte son la dificultad par comparar la información por la falta de criterios claros, la ausencia de criterio común para la verificación y la necesidad de sistematizar el reporting y el control interno de la información no financiera. “Si queremos desglosar información al mercado, ser transparentes y que la información tenga sentido con lo que promulgamos, tenemos que establecer cuáles son los objetivos de información a los que queremos llegar en aspectos como la brecha salarial o la brecha de discapacitados en plantilla”, opinó. 

El socio de Auditing Joan Anton Abad, miembro del CCJCC, mostró a los asistentes el papel del balance social y la información no financiera en las entidades sin finalidad lucrativa y recordó que este documento “no es la memoria de actividades” sino un “elemento clave” que puede servir para reflejar las aportaciones de la entidad a la sociedad, así como mejorar la transparencia con los grupos de interés. 

Cumplimiento en el sector público

El sector público también ocupó un papel importante en la jornada, mostrando la creciente relevancia del public compliance. La secretaria de administración local y codirectora de Red Localis, Concepción Campos Acuña, habló a los asistentes sobre cómo el compliance puede suponer una gran mejora en la transparencia y eficiencia en la gestión pública y qué problemas se están dando en las administraciones locales con su implementación. 

El problema principal, según la experta, es que “la administración no se pone la soga al cuello, pues el Código Penal dice que la administración pública no tiene responsabilidad penal porque si paga la administración pública, lo hace con el dinero de todos”. “¿Entonces el compliance tiene sentido en el sector privado pero no en el público?”’, se preguntó la experta, que ve precisamente en el hecho de que el dinero público es de todos la principal causa por la que habría que “dar una vuelta” a esta exoneración del Código Penal. 

Para Campos, el urbanismo, la gestión personal, la gestión económica y la contratación son las principales áreas sensibles en la administración pública. En este sentido, la consultora de prevención de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), Lara Baena, dio una ponencia sobre la gestión de los riesgos para la integridad en la contratación pública. “Todas las funciones son intrínsecamente vulnerables a los riesgos para la integridad”, opinó. 

Baena explicó que los principales problemas para la gestión de riesgos en entes públicos son la identificación poco exhaustiva y sistemática, el déficit de objetividad dado el objeto de análisis y, en especial, la focalización casi exclusiva en las consecuencias de los riesgos, generando así planes más contingentes que preventivos. Después de mostrar el trabajo que la OAC está realizando en este sentido, concluyó que la clave de los planes de integridad reside en que “no hay planes de integridad universalmente válidos”, siendo el más idóneo para la organización aquel que mejor se adapte al conjunto concreto de factores de riesgo de cada ente público. 

Tras la exposición de ambas expertas, la Associació Catalana de Compatibilitat i Direcció (ACCID) hizo entrega del III Premio Ferran Termes al trabajo de Concepción Campos “Compliance y control interno: una propuesta para la mejora de la transparencia y la eficiencia en la gestión local”. Con ese galardón, pretende valorar y dar a conocer su trabajo en pro de la mejora en la gestión de las organizaciones públicas. 

Retos del compliance officer

En el último bloque de la jornada, los compliance officers de importantes empresas a nivel nacional e internacional opinaron sobre los retos que el compliance officer está encontrando y encontrará en el ejercicio de su función. Para la compliance officer de Nissan, Margarita Rodríguez, uno de los principales retos en los que debe trabajar el compliance officer es la “armonización” de las políticas de gobernanza y compliance de la empresa. “Debería existir un solo manual en la empresa donde el interesado pueda encontrar todo fácilmente, no podemos pedirle al empleado que siga el camino correcto si tarda demasiado en encontrarlo”, opinó. A esta petición se sumó la de “dedicar más recursos en órganos independientes de compliance”. En este sentido, el compliance officer de Port Aventura, Ricard Puig, afirmó que “el futuro de la profesión pasa por convertirse no solo en una herramienta de gestión, sino en una herramienta que deberá ser aprovechada para facilitar asesoramiento de manera neutra e independiente”.  

Finalmente, el compliance officer de Cirsa, Jaume Cladellas, mostró a los asistentes el sofisticado procedimiento que siguen en la empresa para generar datos de las personas que asisten a los casinos, mostrando así la importancia de contar con un buen sistema de cruce de datos para identificar actividades irregulares. Para el experto, en las empresas con un gran número de actividad como esta va a ser cada vez más importante la utilización de sistemas de inteligencia artificial, “uno de los grandes retos del compliance”.

 

Tras este bloque, se clausuró la segunda edición de esta jornada, que contó con la inestimable colaboración de las entidades patrocinadoras y colaboradoras Gómez Acebo & Pombo, Bureau Van Dijk, Intedya, Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID), Oficina Antifrau de Catalunya y el Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell.  



 

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