El sindicalista Roberto Macías destapó una trama de facturas falsas presentadas por la federación andaluza de UGT, con la intención de “justificar” las subvenciones destinadas a cursos de formación concedidas por la Junta de Andalucía. Desde que sacó a la luz estos datos, el sindicalista Macías está viviendo un eterno calvario. Sobre todo ahora que la Ley de Protección de Testigos puede darle amparo, pero que el Juzgado competente obvia y le imputa en cambio un delito de revelación de secretos.
La causa destapada por el sindicalista Roberto Macías podría estar en peligro en el caso de que la Ley de Protección de Testigos no le proteja. Hay que recordar que esta Ley, en teoría, ampara a los denunciantes de corrupción. En este caso el sindicalista denunció una trama de facturas falsas en la Unión General de Trabajadores (UGT) de Andalucía, pero su situación podría quedar en nada, ya que sobre él, en cambio, pesa un delito de revelación de datos.
El 6 de marzo se celebrará el juicio contra Macías, el cual, como señala el medio Libertad Digital, fue la persona que destapó la trama de facturas falsas presentadas por la Federación Andaluza de UGT para “justificar” las subvenciones destinadas a cursos de formación concedidas por la Junta de Andalucía.
Tras destaparla, el sindicato UGT se querelló n 2013 contra él, acusándole de filtrar a los medios de comunicación las supuestas facturas falsas y las presuntas pruebas de la existencia de una caja B en el sindicato. La declaración de Macías fue clave para que el Juzgado de Instrucción nº 9 de Sevilla imputara entre 1998 y 2013 a los máximos responsables de UGT-Andalucía, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, por su “participación directa” en la presunta “financiación ilícita” del sindicato.
Las fuentes jurídicas consultadas por elcierredigital.com señalan que la vista oral contra Roberto Macías en el Juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla no debería celebrarse, porque una Directiva europea, que entró en vigor en diciembre, le protege como denunciante de un caso de corrupción. Los expertos se basan en la existencia de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
El sindicato UGT en Andalucía está encausado por la malversación de casi 48 millones de euros para financiarse ilegalmente. El sindicato andaluz está actualmente dirigido por Carmen Castilla y la Justicia solicita para ella cuatro años de cárcel y 60.000 euros por los daños morales ocasionados.
Además, también la excúpula de UGT está procesada. De hecho, el juez de Instrucción nº 9 de Sevilla procesaba en diciembre al exsecretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, y otras 14 personas por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil. El ex secretario general de UGT, Manuel Pastrana, no fue procesado por razones de salud y otras siete personas también fueron exculpadsa por no encontrar en ellos indicios de delito.
Desde el año 2013 en UGT Andalucía se han cometido un gran número de irregularidades perpetradas por los dirigentes y en la resolución, el juez concluye que el cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a la organización sindical en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047,74 euros.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción que investiga este caso de corrupción en el sindicato solicitó en paralelo una pena tres años de prisión para el denunciante Roberto Macías. Le acusan de copiar del servidor informático de la central sindical 22.500 archivos de la carpeta compras-confidencial el 7 de noviembre de 2012, entre los que había facturas de diversos proveedores. Por eso, el caso de corrupción de UGT puede quedar en nada sino se aplica a este denunciante la reciente Ley de Protección de Testigos para estos casos.
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