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Una oportunidad para la mediación en tiempos del Covid

El previsible colapso de los juzgados cuando se levante el estado de alarma abre la puerta a la mediación como vía alternativa de resolución de conflictos de una manera ágil y más económica.

Pedro e Íñigo compiten por ver quién es capaz de cocinar el mejor plato en el ya tradicional concurso anual de cocina de su cuadrilla. Pedro quiere preparar un magret de pato a la naranja e Íñigo pretende deleitar a los colegas con un pastel de naranja. Pero cuando entran en la cocina descubren que solamente queda una naranja y ambos la necesitan.

Pedro e Íñigo se enzarzan en una acalorada discusión para conseguir la naranja, aferrándose a cualquier argumento: ¿Qué es más importante, el plato principal o el postre? El resto de la cuadrilla entra también en la disputa y nadie parece ponerse de acuerdo. Tras varias idas y venidas, todos llegan a la conclusión de que la competición no puede celebrarse por falta de medios, esto es, de naranjas.

Sin embargo, si a alguien se le hubiera ocurrido preguntar a Pedro y a Íñigo para qué necesitaban una naranja, hubieran descubierto que para la receta del magret de pato Pedro solo necesitaba el jugo de la naranja, mientras que para elaborar el pastel de naranja Íñigo tenía suficiente con la piel.

Esta divertida situación nos sirve para ilustrar la importancia de ese alguien capaz de ponerse en la piel de cada una de las partes y conducirlas a una solución que aúne los intereses de ambos, sin tener que acudir a un tercero que determine qué es más importante, si el plato principal o el postre, sacrificando el tan esperado concurso.

Hay ocasiones en las que, ya de por sí, la vía judicial no es el camino más eficaz para la resolución de una controversia. Pero en estos dramáticos días que nos ha tocado vivir desde la declaración del estado de alarma, en que la actividad judicial ha quedado prácticamente paralizada, las denominadas vías de resolución alternativa de conflictos son realmente la única opción.

Tras la promulgación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y mientras dure el estado de alarma, los juzgados y tribunales permanecerán cerrados para todo lo que no sea considerado esencial, de modo que la administración de justicia no podrá dar respuesta a los conflictos existentes, que se añadirán a la larga lista de asuntos pendientes de resolución.

Pero es que, además, una vez se levanten las restricciones impuestas, la avalancha de asuntos será de tal magnitud que el ya sistemático colapso del sistema judicial se verá irremediablemente agravado. A la cantidad de casos que quedaron pendientes antes del confinamiento habrá que añadir otros derivados directamente del impacto que ha tenido el COVID-19 en la mayoría de sectores productivos afectados por las medidas impuestas por las autoridades.

En previsión de ello, en el Real Decreto-ley 11/2020 publicado el pasado 1 de abril, sobre medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, el Gobierno ya reflejó la necesidad de aprobar un plan de actuación para agilizar la actividad judicial cuando la misma se reanude.

Sería deseable que estas medidas se tradujeran en un incremento del número de jueces y de personal que trabaja en la administración de justicia. No obstante, es altamente improbable que esto ocurra. En la anterior crisis económica, que golpeó frontalmente al sector bancario, afloró una precariedad de medios del sistema judicial que, pese a la movilización de recursos públicos, resultaron a todas luces insuficientes.

En este contexto, la mediación se presenta como una magnífica alternativa, la más ágil, accesible y económica de las vías, para dirimir conflictos entre los principales actores de la vida económica de nuestro país.

La mediación es un proceso voluntario y absolutamente confidencial, en el que las partes enfrentadas aceptan, de común acuerdo, nombrar a un tercero independiente y neutral -el mediador- para que les ayude a alcanzar un acuerdo negociado a su disputa.

Este mecanismo, que se fundamenta en el diálogo y el consenso, brinda la oportunidad a los implicados en la controversia de mantener en todo momento el control del proceso y les permite abordar las razones más profundas del conflicto. Sin duda, esto redunda en una mayor satisfacción de las partes, que no quedan expuestas a la resolución que un juez impone, sino que pueden tomar partido en la solución.

Pero más allá de las bondades de la mediación, que son intrínsecas al proceso en sí, merece la pena destacar su crucial papel en situaciones de crisis como la generada por el COVID-19, que directa o indirectamente nos ha sacudido a todos.

La situación de excepcionalidad e incertidumbre que impera hoy en los mercados lleva a las partes a situaciones límite y los afectados pueden no encontrar una respuesta adaptada a sus necesidades en la legislación vigente. El margen para la negociación en este contexto es realmente escaso. En cambio, métodos alternativos de resolución de conflictos como la mediación se convierten en indispensables, ya que permiten el diseño de una solución a medida que en muchos casos va a ser esencial para asegurar la supervivencia de las empresas y de las relaciones comerciales.

Decía Joseph Pulitzer: Ojo a las situaciones inesperadas. En ellas se encierran a veces las grandes oportunidades.

Estamos ante una de estas grandes oportunidades. Históricamente se ha venido pregonando que una de las mayores dificultades para la implementación de un sistema de mediación en España podría ser la ausencia de una verdadera cultura transaccional. Pues bien, planteémonos dar una oportunidad a esta gran desconocida, ahora que estamos a punto de chocar de nuevo contra el muro de la saturación de los juzgados y tribunales que se avecina, ahora que parece que no tenemos alternativa.

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