La Oficina Antifraude crea una guía interactiva para que las instituciones públicas puedan hacer un análisis de sus propios riesgos para la integridad en la contratación pública, determinar su grado de vulnerabilidad y diseñar e implementar las medidas preventivas más adecuadas, así como prever la respuesta más eficaz si el riesgo se materializa.

Esta guía es, en parte, resultado del diagnóstico llevada a cabo por la Oficina Antifraude en el proyecto Riesgos para la integridad en la contratación pública. Un proyecto que nace a partir de las directrices de trabajo que la Oficina Antifraude presentó en el Parlamento de Cataluña en diciembre de 2016 y que, actualmente, está en su fase final. Entre las prioridades estaba la de elaborar un informe monográfico que analizara los riesgos en la contratación pública.

Antifraude considera que es necesario hacer una gestión preventiva de los riesgos para la integridad en la contratación pública, ya que no hacerlo puede llevar a las instituciones públicas directamente a tener que reaccionar frente a las consecuencias que generará el riesgo si se llega a materializar. Trabajar preventivamente sobre los riesgos propios de la institución, la fortalece para el futuro; trabajar a partir de la contingencia sólo mitiga los efectos de las irregularidades, el fraude y la corrupción.

La finalidad de gestionar los riesgos para la integridad en la contratación pública de una institución es garantizar que los recursos y la capacidad de decisión se emplean para al «cumplimiento y realización de los fines institucionales», priorizando el interés público sobre los intereses privados.

En la situación actual, desde la Oficina Antifraude se considera que aún es más relevante dotarse de herramientas que permitan a las instituciones fortalecer su integridad y facilitar la rendición de cuentas hacia la ciudadanía favoreciendo así la confianza hacia las instituciones públicas.

Guía para la integridad en la contratación pública

La guía interactiva, que Antifraude pone hoy a disposición de todas las instituciones públicas de Cataluña, consta de dos bloques de contenidos:

• La identificación de las 12 áreas de riesgo de la contratación pública y el análisis de los factores de riesgo más habituales o más graves, resultado del diagnóstico llevada a cabo por la Oficina Antifraude en el proyecto Riesgos para la integridad en la contratación pública. Para cada una de las áreas de riesgo, también se realiza el análisis de los factores institucionales que las hacen posibles. Esta primera es un punto de partida para aquellas instituciones públicas que quieran iniciar un proceso de análisis de sus riesgos particulares en este ámbito.
• Los pasos prácticos a seguir para iniciar un proceso de gestión de riesgos en este ámbito. Pasos a seguir para identificar, analizar, evaluar, tratar y hacer el seguimiento de los riesgos para la integridad en la contratación pública.

Una vez aplicados los dos bloques descritos, los entes públicos que evalúen los riesgos para la integridad de su contratación podrán conocer cuál es su grado de vulnerabilidad, así como la naturaleza y dinámicas de sus principales riesgos.

Esto les permitirá:

1. Establecer medidas preventivas más precisas y adaptadas al propio contexto, para minimizar la probabilidad de que los riesgos aparezcan
2. Definir las actuaciones que permitan minimizar los efectos negativos cuando no se haya podido evitar la materialización de los riesgos
3. Establecer las alertas y los mecanismos de seguimiento y control necesarios para detectar la materialización de un riesgo en el plazo más breve posible

Este análisis permitirá responder a las obligaciones del art. 64.1 de la Ley de Contratos del Sector Público y también conllevará otros beneficios para la institución como:

1. Procesos de toma de decisiones más eficaces y eficientes a lo largo de todos los procedimientos de contratación: el conocimiento sobre la naturaleza de los riesgos permite obtener información más objetivable y fundamentada
2. Aumento de la capacidad de anticiparse de la institución
3. Mejora de la planificación y asignación de los recursos (humanos y materiales)
4. Incremento de la motivación de los servidores públicos que participan en los procedimientos de compra pública de la institución, así como una mayor seguridad
5. Mayor sensibilización de la organización en relación con las ventajas de una gestión preventiva de los riesgos para la integridad
6. Mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos
7. Incremento de la confianza ciudadana hacia la institución

Contexto normativo sobre la gestión de los riesgos en la contratación del sector público

Al 2017, se aprueba la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23 / UE y 2014/24 / UE de 26 de febrero de 2014, donde se imponen nuevas obligaciones en materia de prevención y lucha contra la corrupción, el fraude y otras irregularidades a los órganos de contratación (art. 64.1. LCSP).

Previamente, en marzo de 2017, el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público, que preveía una serie de medidas de prevención de riesgos para la integridad en la contratación pública de todo el sistema institucional que configura la Generalitat (art.159). Un mes antes, en febrero de 2017, la Oficina Antifraude destacaba, en el informe de seguimiento de los trabajos de la CEMCORD, que era necesario que tanto la Generalitat como los entes locales y las universidades públicas catalanas y también sus órganos de control hicieran servir sistemáticamente la evaluación de riesgos en el ámbito de la contratación pública.

A la vista de las obligaciones en esta materia, los entes públicos deberán conocer sus riesgos para diseñar, implementar y revisar, de forma periódica los planes de prevención de riesgos para la integridad en su contratación orientados a prevenir los actos irregulares, fraudulentos o corruptos; tarea que comienza con una evaluación de los riesgos para la contratación pública de cada ente en particular.