Desde el Capítulo Panamá de la World Compliance Association, entrevistamos al consultor y expresidente del Comité de Cumplimiento de la Federación Latinoamericana de Bancos – FELABAN, con motivo de la reciente incorporacion del capítulo a la asociación.
Juan Carlos Medina Carruitero es consultor y experto internacional en gestión de riesgos, prevención del lavado de activos, cumplimiento normativo, gobierno corporativo y control interno (auditoría), del sector privado (grupos financieros y de seguros de Latinoamérica) y del sector público (asesorando a organismos internacionales y diversos reguladores latinoamericanos). Ha sido presidente del Comité de Prevención del Lavado de Activos (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), por dos periodos.
Además, ha sido asesor en diversas entidades financieras latinoamericanas, vicepresidente/gerente corporativo de cumplimiento en grupos financieros regionales y presidente por dos periodos consecutivos del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC). Tambuén ha sido presidente de la Asociación de Egresados de MBA de EGADE Business School – Sede Perú y es miembro del Instituto de Auditores Internos del Perú y de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS).
¿Qué opina sobre la expansión de la World Compliance Association en Latinoamérica con su reciente adhesión del capítulo Panamá? ¿Qué necesidades detecta en este país con respecto a todo lo que se refiere al cumplimiento normativo?
La expansión de asociaciones especializadas en la región es muy importante, dado que contribuye a la concientización de todos los sectores denominados Sujetos Obligados en la necesidad de contar con un ordenamiento que les permita un sano crecimiento en materia de cumplimiento. En ese sentido, es enriquecedor que la World Compliance Association incorpore su Capitulo Panamá, contribuyendo con su experiencia a nivel mundial en la difusión de buenas prácticas de cumplimiento.
En mi opinión, la llegada, y desarrollo de organizaciones como la World Compliance Association va a contribuir al posicionamiento que Panamá pueda tener a nivel internacional, más aun en esta época donde algunas organizaciones internacionales la perciben con un riesgo importante. Así las cosas, es enriquecedor que se pueda compartir con diversos gremios y asociaciones profesionales todo el conocimiento y experiencia en el manejo de la normatividad existente.
¿Cuál es la situación de Panamá en relación a otros países de Latinoamérica por lo que se refiere al marco legal en materia de compliance?
Panamá, como muchos países de la región, normalmente no presenta problemas graves en lo que se refiere al marco legal. En Latinoamérica, el reto más importante está en la implementación de modelos de prevención en todos los Sujetos Obligados. Es decir, la efectividad del sistema es la que presenta grandes oportunidades de mejora, y ahí es donde el aporte de organizaciones como la World Compliance Association es fundamental, pues ayudan a difundir una cultura de cumplimiento que es urgente desarrollar en nuestros países. Lo que ocurre muchas veces en la región es que el problema no está en la inexistencia de un marco legal, sino en la aplicación de dicho marco legal. Las leyes están, pero a veces no se cumplen a cabalidad.
¿Qué desafíos, en materia de compliance, cree que deberían plantearse en el futuro?
Para el futuro, el compliance deberá adecuarse a una realidad distinta a la que hemos estado acostumbrados. Desde la percepción del control, la asignación de recursos para la prevención deberá ser vista bajo un enfoque actualizado de gestión de riesgos, pues la operativa de todas nuestras empresas cambió. Este cambio debe ser entendido por el compliance y así proponer una estrategia de gestión en la que la efectividad sea el objetivo final. Para quienes trabajamos en áreas de control, es fundamental entender que no siempre “más es mejor”, debido a que los controles deben ser proporcionales a los riesgos. Finalmente, es necesario incorporar nuevos criterios de control para actividades o procesos no presenciales, que se han extendido como consecuencia de la pandemia.
El Capítulo de Panamá tiene como objetivo establecer el cumplimiento en los sectores no financieros, ya que, como aseguran su presidente y vicepresidente, el sector financiero ya tiene años de experiencia. Específicamente, aseguran que el sector público es el que más necesita estas medidas anticorrupción, que describen como inexistentes. ¿Qué cambios debe traer el cumplimiento a este sector?
Es muy interesante tocar estos dos puntos que mencionas a nivel regional.
Respecto a los sectores No Financieros, indudablemente partimos de una realidad en la que muchos de ellos aún desconocen su condición de Sujeto Obligado, lo que constituye el principal riesgo, pues dicho desconocimiento los vuelve más vulnerables. Además, es necesario trabajar regulación sectorial para estos Sujetos Obligados, de manera que se gane efectividad en su implementación y se evita el error de asumir que todos son iguales cuando no lo son (no podríamos pensar en que el sector no financiero pueda ser controlado como el sector financiero, pues tienen realidades distintas).
Sobre el sector público, siempre se ha generado debate sobre si constituyen o no un Sujeto Obligado. Personalmente, considero que en entidades públicas sí deben instalarse una función de cumplimiento que, entre otras, se encargue de establecer medidas como las conocidas como anticorrupción y otras, pero para ello es necesario tener una fuerte convicción y apoyo del más alto nivel.
Desde la World Compliance Association agradecemos a Juan Carlos Medina sus respuestas y su participación activa con la asociación y, en especial, con el Capítulo Panamá.
07 de Febrero
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