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Compliance Vs. Public Compliance: Matices diferenciadores de aplicación

Autor: Tania De León, Administrativista Especialista en Public Compliance 

 

 

La dinámica y lógica del sector empresarial sin duda alguna dista mucho de la dinámica y lógica operativa de la Administración Pública. Iniciando por el fin lucrativo que persiguen las empresas y el fin social que caracteriza a las instituciones públicas. Mientras que, en sentido general, en el sector privado se trabaja para alcanzar solvencia económica, en el sector público se trabaja para lograr solvencia social. 

 

En mi experiencia liderando procesos de implementación de Public Compliance, he encontrado quienes defienden la idea de que al estar el compliance basado en un estándar internacional, la aplicación del mismo en un sector u otro no debe suscitar mayores complejidades, ciertamente en términos metodológicos, comparten evidentes similitudes. Sin embargo, la fundamentación, motivación y propósito para su adopción en el sector público es eminentemente social y es bastante estrecho el margen de actuación, como aspectos nodales a la hora de trabajar una cultura Public Compliance, dado que, prevenir delitos y evitar multas e inhabilidades no es en esencia el mensaje a transmitir, sino la prevención de irregularidades que lesionen un derecho o interés ciudadano y cómo esto permite una gestión pública más eficiente.

 

El nacimiento del compliance en el sector privado respondió a la desconfianza que existía en los negocios producto de escándalos de fraudes en los negocios, competencia desleal y corrupción corporativa. Sin embargo, en el sector público nace de la necesidad de legitimar la actuación administrativa y recuperar la confianza ciudadana en lo público, sobre todo en cómo se gasta el dinero público.

 

En este sentido, mientras que el lenguaje empresarial hace referencia a clientes, consejo de administración, accionistas y gobierno corporativo, en el sector público, hablamos de ciudadanos, usuarios, máximas autoridades, participación social y gobernanza. He de citar algunas diferencias. 

 

Iniciamos con la existencia de la figura responsabilidad penal de las personas jurídicas, que en el sector público no encuentra espacio y cuyo símil más cercano es la Responsabilidad Penal y Patrimonial del funcionario público como personas físicas.

 

Un segundo elemento diferenciador es la búsqueda de ganancias y generación de rentabilidad en el sector privado, que en el sector público no hace sentido, y más bien perseguimos la construcción de valor público como garantes de derechos fundamentales. 

 

Como tercer elemento diferenciador tenemos los estándares de transparencia. La  Administración Pública tiene la obligación de desnudar sus operaciones financieras, estadísticas y estrategias organizacionales al ciudadano, lo cual en el sector privado opera con entendible confidencialidad por ese contexto de competitividad comercial que le caracteriza. El nivel de publicidad y transparencia exigido en lo público, se traduciría en una clara desventaja competitiva en el sector privado, por lo que su alcance no responde a estándares específicos y en sentido general, queda a discreción de las empresas.

 

Un cuarto elemento relevante de distinción es la dinámica de contratación de servicios o adquisición de bienes administrativos, donde el sector público está supeditado a publicar y llevarlos  por medio de procesos de selección abiertos y plazos determinados bajo directrices de una ley nacional de contrato público como regulación externa, mientras que en el sector privado la adquisición de bienes o contratación de servicios se realiza en un contexto de autorregulación y relativa discrecionalidad. 

 

Estas son algunas de las diferencias que tocan la esencia de implementación del compliance en un sector u otro. Sin embargo, he de resaltar la promoción de un comportamiento ético como elemento común más relevante, indistintamente del sector. Como hemos sostenido, para que haya corrupción debe haber un ente corrupto y un ente corruptor, y de esta dinámica no escapan ni sector público, ni sector privado. Estos dos sectores, en conjunto, representan ampliamente la sociedad en general y promover desde éstos el cumplimiento de la ley siempre será un ganar ganar.

 

La trascendencia que está teniendo la implementación del compliance en las naciones conduce al fortalecimiento de las instituciones públicas y a elevar la responsabilidad social de las empresas privadas. Reconociendo que la colaboración público-privada es un camino viable para el desarrollo económico de los países, la incorporación de estándares mínimos de cumplimiento legal e integridad en ambos sectores es una apuesta segura, siempre que se aplique correctamente a cada contexto. 

 


 
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