El sistema fiscal internacional hace agua por todas partes. Apunten estos datos. El blanqueo de dinero de procedencia ilícita ya asciende a 1,37 billones de euros, –equivalente al PIB de España–y el 2,7% de la riqueza mundial. Las pérdidas para los gobiernos causadas por la elusión fiscal mediante la transferencia de beneficios empresariales alcanzan cada año los 430.000 millones de euros.
Más leña al fuego: el 10% del PIB mundial se encuentra depositado en activos financieros transfronterizos, mientras que las fortunas privadas escondidas en paraísos fiscales suman la friolera de 6 billones de euros. En el mundo se pagan sobornos que en un año pueden llegar a 35.000 millones de euros, un número que, para que se tenga una idea, se acerca al coste de los ERTE en España por la pandemia.
Son las conclusiones de un informe publicado ayer por el Grupo de Alto Nivel sobre Responsabilidad Transparencia e Integridad Financieras Internacionales (FACTI) establecido por las Naciones Unidas y que se presentó en la sede del organismo en Nueva York.
Este vértigo de cifras se resume en que los estados no consiguen controlar el flujo del dinero que, al escaparse a las autoridades fiscales, se usa para llevar a cabo negocios opacos o criminales. Unas distorsiones que incrementan las desigualdades sociales y económicas dentro y entre los países. “La corrupción y evasión fiscal son desenfrenados. Muchos bancos están compinchados. A todos nos están robando, especialmente a los más pobres”, dijo Dalia Grybauskaité, copresidente del grupo FACTI. “Nuestra debilidad se ha visto aún más expuesta por la Covid-19”, admitió Ibrahim Mayaki, ejecutivo del grupo y ex primer ministro de Níger.
Alex Cobham, consejero delegado de la plataforma Tax Justice Network, tras la presentación del estudio, se mostró muy crítico: “No es que nuestro sistema fiscal global esté roto, es que está programado para fallar. Y la pandemia ha puesto de manifiesto lo grave que es el coste de este fracaso”, afirmó en una nota.
En su opinión, estos datos muestran la exigencia (y la urgencia) de tratar el problema a escala internacional. “Ningún país puede reprogramar un sistema fiscal global por sí solo. El grupo de la FACTI confirma que la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) ha demostrado ser incapaz de ofrecer resultados realmente inclusivos: necesitamos una convención fiscal de la ONU para asegurarnos de que nuestro sistema fiscal global funcione para todos”.
El estudio denuncia que los instrumentos internacionales para controlar el rastreo del dinero padecen “falta de coordinación, se solapan entre ellos, entran en conflictos los unos con los otros y dejan huecos abiertos”. La falta de una autoridad supranacional y neutral que coordine las distintas acciones en esta materia impide la consecución de resultados más eficaces. La FATF, Financial Task Force, una iniciativa que agrupa a 200 jurisdicciones, no ha conseguido de momento evitar estas disfunciones.
El problema que sigue sin resolverse es que, en un contexto de digitalización de la economía que complica la localización del dinero oculto, existen normas que todavía consienten la propiedad anónima de empresas, fideicomisos, fundaciones y que impide remontar la identidad efectiva del titular.
Además hay una ausencia de estadísticas públicas coherentes sobre la propiedad extraterritorial de activos, con la posibilidad de llevar a cabo la transferencia de beneficios de las empresas multinacionales a ciertas jurisdicciones y entre filiales para minimizar o incluso anular la carga fiscal.
“Los países en vías de desarrollo son los que más sufren abusos fiscales, pero ellos no acostumbran a participar en las normas internacionales en esta materia, lo que debilita su aceptación y la implementación”, señala el estudio.
En cuanto a los sobornos, el estudio alerta sobre su efecto multiplicador. “Un soborno de un millón puede crear fácilmente un daño de 100 millones, en forma de costes adicionales y de decisiones de inversión erróneas”. En estos casos, además, es largo y complicado obtener compensaciones y recuperar el dinero. “Repatriar los activos al país de origen es difícil cuando a menudo no hay confianza entre las jurisdicciones involucradas”.
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