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La crisis mundial y la urgente necesidad de impulsar el compliance

Autora: Elena Campo Dentons

Fuente: Expansión

La crisis del Covid-19 ha sacado a la luz algunos de los problemas que los mercados, la industria y la propia sociedad tienen planteados en la actualidad.

Unos son nuevos, otros son viejos conocidos, pero la crisis ha acentuado su gravedad en todos los casos. Enfrentarnos a ellos, buscar un equilibrio y superarlos es una obligación de todas las empresas y estamentos que quieran asumir los retos de un futuro que ya está aquí.

A diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones, nadie se ha quedado al margen de esta crisis. Todos la estamos viviendo al sufrir en nuestras vidas particulares las consecuencias directas de algunas prácticas que no han funcionado como esperábamos. La existencia de obligaciones legales en materia de buenas prácticas y aun de compromisos voluntarios por parte de mercados, empresas y gobiernos no ha mostrado la fortaleza que hubiéramos previsto hace apenas unos meses. La realidad es que son muchas las carencias detectadas, por ejemplo, en las cadenas de suministros, pero también en otros ámbitos. Algunas son consecuencia de la globalización, pero la crisis sanitaria ha hecho exigible que se les dé una solución real, efectiva y sin demora.

Se necesitan nuevas reglas de juego, nuevos mecanismos que aseguren un mejor funcionamiento de empresas y organizaciones. Resulta necesario, hoy más que nunca, que conceptos como conducta empresarial responsable, compliance y diligencia debida guíen la actuación de las empresas.

En los últimos tiempos, diversas organizaciones internacionales han publicado guías sobre prácticas responsables. En 2018 se aprobó la conocida Guía de la OCDE de Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable basada en las directrices de la OCDE para empresas multinacionales, en la que se incluyen recomendaciones a los gobiernos sobre conducta empresarial responsable. Su finalidad es evitar los impactos negativos de sus actividades y contribuir al desarrollo sostenible en un entorno definitivamente globalizado. Entre otros temas se estudian los derechos humanos, el medioambiente, la corrupción o los sobornos.

En un momento como el presente, la generación de confianza no es sólo un valor filosófico a defender sino una necesidad. El compromiso social y la actuación responsable de los mercados, empresas, consumidores y gobiernos se han convertido en exigencias ineludibles. Muchos informes señalan esta tendencia como deseable, pero lo cierto es que la voluntariedad de muchos de estos postulados, hace que salga a relucir su ineficacia y hasta explica su escaso seguimiento. Un estudio reciente sobre la aplicación de la función de compliance en las empresas españolas realizado a iniciativa de CEOE y Ascom (Asociación Española de Compliance) concluye que la cuarta parte del total de estas empresas en España no tiene implantado ni tiene previsto implantar la función de compliance en los próximos cinco años.

Así las cosas, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (JURI) está trabajando desde el pasado mes de septiembre en un proyecto de informe de propia iniciativa con recomendaciones destinadas a la Comisión Europea para la elaboración de una Directiva sobre diligencia debida de las empresas y responsabilidad corporativa. En él se pide a la Comisión que presente sin demora injustificada una propuesta legislativa sobre Diligencia Debida obligatoria para que las empresas: identifiquen, prevengan, interrumpan, mitiguen, supervisen, divulguen, contabilicen, aborden y corrijan riesgos para derechos humanos, el medioambiente y la gobernanza en toda su cadena de valor y así ha sido adoptado el informe de iniciativa legislativa el pasado 10 de marzo por el Parlamento Europeo. El objeto de la propuesta es ofrecer un marco donde la obligatoriedad de los procesos de diligencia debida se traduzca en obligaciones para todas las empresas que operan en los mercados de la Unión Europea. También lograr que las autoridades nacionales supervisen e impongan sanciones -incluidas sanciones penales en los casos graves- sin perjuicio de otras posibles responsabilidades que ya pudieran existir en los países miembros.

El camino que tiene por delante la propuesta es largo y todavía se desconocen cómo y cuándo la Directiva llegará a ver la luz, pero hoy ya nadie puede ignorar que los mecanismos preventivos en las empresas son la clave para identificar los riesgos y la gestión de su impacto.

Próximamente se publicará la Norma ISO 37301, sobre Sistema de Gestión de Compliance, estándar certificable que sustituirá a la norma ISO 19600, publicada ya en un lejano 2014, tal vez sea una nueva oportunidad para la revisión de sistemas y compromisos de control en las empresas que permita que éstas identifiquen sus obligaciones legales y las asumidas por iniciativa propia con el objetivo de alcanzar el imprescindible cumplimiento de todos ellos.

 


 
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