La Generalitat activará el 15 de diciembre un buzón anónimo para denunciar casos de corrupción

La corrupción es una lacra que acecha la democracia y que pone en jaque a las administraciones públicas. Bajo esta premisa, el Govern ha impulsado una estrategia anticorrupción que consta de 25 actuaciones a desarrollar en un periodo de dos años para fortalecer la integridad pública diseñada a través de una alianza entre las instituciones y la sociedad civil. La medida estrella es el buzón de denuncias anónimas que se pondrá en marcha el 15 de diciembre, según avanzó el conseller d´Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, en un coloquio coorganizado entre EL PERIÓDICO y la Generalitat de Catalunya.

“Tenemos que evitar que las personas alertadoras [de presuntos casos de corrupción] sean las primeras victimas de una corrupción o un fraude, hay que garantizarles protección”, subrayó Solé en un evento en el que también participó el secretario de Transparència i Govern Obert, Jordi Foz; la segunda teniente de alcalde y concejala de Govern Obert i Qualitat Democràtica i Institucional del Ayuntamiento de Lleida, Jordina Freixanet; la investigadora del Institut d´Economia de Barcelona y profesora de Economía de la Universitat de Barcelona, Pilar Sorribas; y la activista, investigadora y fundadora de la plataforma de activismo digital XNET, Simona Levi.

Tenemos que evitar que las personas alertadoras sean las primeras victimas de una corrupción o un fraude. Hay que garantizarles protección

Bernat Solé, conseller de Acció Exterior

El titular de Transparència del Govern hurgó en que el buzón de denuncias anónimas persigue combatir las presuntas irregularidades que puedan detectarse en la Administración catalana. “Hay que luchar contra la corrupción si queremos mostrarnos como gobiernos transparentes y con valores republicanos”, expuso.

Sistema virtual
Este sistema de denuncia surgió de la sociedad civil y blinda la protección de las personas que detectan indicios de corrupción. “Es muy importante proteger a las personas que alertan porque muchas veces es una única persona que ha sido o es testigo de ilícito que afecta al interés publico y se tiene que enfrentar sola a toda la maquinaria, a todo un sistema poderoso que da miedo. La confianza de que esta herramienta te proteja, que nadie sabe quién eres, permite dar este paso que muchas veces la gente no hace porque el peligro de represalia es demasiado grande”, explicó Levi, quien ha puesto en marcha el engranaje tecnológico que requiere.

Se creó un espacio de participación ciudadana que analiza y hace seguimiento del cumplimiento de las medidas

Jordi Foz, secretario de Transparència i Govern Obert de la Generalitat

La interlocución es bilateral y estrictamente anónima gracias a que los usuarios se comunican a través de un código desde el que no se puede rastrear el dispositivo y la localización desde la que se comunican. “La mejor garantía de protección de la persona que alerta es que nadie sepa quién es, ni la persona que la ayuda o tiene que investigar”, recordó Levi.

Ahora bien, “que una institución tenga un buzón no quiere decir que la institución no sea corrupta” porque “el buzón no sustituye la función de la relación entre una sociedad civil atenta y vigilante y unas instituciones con voluntad real de hacer un trabajo contra la corrupción” destacó la activista.

Dos frentes
El conseller desgranó la lucha contra la corrupción en dos frentes, la basada en la percepción de la ciudadanía y la corrupción efectiva, y citó el barómetro de la Oficina Antifrau de Catalunya de 2018 que expone que un 72% de los catalanes percibe que existe bastante o mucha corrupción mientras que “estudios internacionales constatan que Catalunya está por debajo de la media europea en cuanto a casos”. ¿A qué se debe este desbarajuste entre la percepción y la realidad? Según Solé, a que las decisiones públicas pueden ser vistas como “parciales”, a un “desconocimiento de la gestión pública” o al reclamo de “más ejercicios de transparencia”, situación que puede revertirse con “más crecimiento económico, más justicia social y más servicios públicos”.

Son políticas que vienen para quedarse, son una herramienta directa de empoderamiento ciudadano y que no queda en peligro según el gobierno de turno

Jordina Freixanet, segunda teniente de alcalde de Lleida

Entre las 25 actuaciones del Govern, aprobadas en el mes de enero, también destacan las formaciones específicas para los Mossos d´Esquadra en esta materia, el aumento de la colaboración entre la policía catalana y la Agencia Tributaria para detectar posibles irregularidades, la publicación de las agendas de reuniones del personal técnico de alto rango y la supervisión de los procesos de selección del personal directivo para que estén basados en méritos y capacidades acreditables.

“Las medidas son sobre aquellos ámbitos en que la evidencia internacional y la ciudadanía, la Oficina Antifrau y el observatorio ciudadano de lucha contra la corrupción, hace mucho que nos está diciendo que son los temas claves: contratación pública, subvención, relación entre políticos y funcionarios, evaluación de las políticas públicas y función pública”, inquirió el secretario de Transparència i Govern Obert.

Auditoría ciudadana
Foz celebró la colaboración ciudadana para crear estas actuaciones y sostuvo que la supervisión del cumplimiento de estas medidas se efectúa con informes trimestrales, semestrales y anuales “públicos y accesibles” que se envían a la Oficina Antifrau, a la Sindicatura de Comptes y al Síndic de Greuges -instituciones que, a su vez, elaboran su propia evaluación- y a través de un espacio de participación ciudadana que hace seguimiento.

El buzón no sustituye la función de la relación entre una sociedad civil atenta y vigilante y unas instituciones con voluntad real de luchar contra la corrupción

Simona Levi, fundadora de XNET

El próximo paso, apuntó Foz, es la creación de un código ético de los servidores públicos para “ser conscientes de los conflictos y dilemas éticos que implica su actuación y permitir resolverlos adecuadamente”, que contará con una formación específica y cuya declaración deberán suscribir.

“Son políticas que vienen para quedarse, cada paso que hacemos para implementar herramientas de lucha anticorrupción son una herramienta directa de empoderamiento ciudadano y no queda en peligro según el gobierno de turno”, razonó Freixanet.

Frente al espejo
La edil sostuvo que muchos gobiernos tienen reticencias a la hora de implementarlas porque supone ponerse delante de un espejo, “pero en un momento en el que el divorcio entre lo público y lo privado está en peligro hay que ser muy efectivos y tajantes en la implementación de políticas públicas contra la corrupción y a favor de la ética y la integridad”, apostilló.

En aquellos sitios en los que hay más capital social, la probabilidad de que se dé un caso de corrupción es más pequeña

Pilar Sorribas, investigadora del Institut d´Economia de Barcelona

La investigadora del Institut d´Economia de Barcelona expuso los resultados de un estudio que revela que “en aquellos sitios en los que hay más capital social, donde la gente está más conectada y hay asociacionismo, la probabilidad de que se dé un caso de corrupción es más pequeña”. ¿Por qué? “Porque el sector público se siente más controlado ya que es más probable que, si hay un caso de corrupción, salga a la luz y salgan penalizados”.

“La ciudadanía ha tenido un papel relevante en el afloramiento de casos de corrupción y ha impulsado o ha presionado a las instituciones y gobiernos para que estableciesen mecanismos. La ciudadanía tanto a titulo individual como a través de entidades organizadas pueden efectuar este papel de auditor de la buena gestión pública”, remachó el conseller.