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14 años después, el juicio a la Gürtel de Boadilla en riesgo de suspensión por falta de pago a abogados de oficio

La situación es diabólica, aseguran a NIUS fuentes de las defensas de empresas en el juicio que comienza este martes sobre los negocios de la Gürtel en BoadillaLos abogados de oficio que defienden a varias de las 11 empresas acusadas podrían no recibir nada por su trabajo, e tener incluso devolver lo que han cobrado hasta ahora.

Eso deja en el aire este juicio Gürtel, 14 años después de la desarticulación del entramado de Correa y los suyos en administraciones dependientes del PP. La fecha de comienzo es este martes, 16 de noviembre, pero la situación de los letrados del turno de oficio que defienden a las empresas, podría desencadenar un nuevo aplazamiento, y ya sería el tercero. 

Algunos los letrados intentaron esta semana presentar la renuncia, pero el tribunal no las aceptó. Así que el tendrán que acudir a la primera sesión. Si anunciaran que dejan la defensa, el juicio se podría suspender, para evitar la indefensión de las empresas y porque no se podría constituir el tribunal. Si no se anula, las empresas no pueden estar sin abogados, por lo que el el procedimiento acabaría en una nulidad, según fuentes jurídicas muy autorizadas. 

Los abogados del turno de oficio tienen de su lado al Colegio de Abogados de Madrid. Su decano, José María Alonso, ha asegurado a NIUS que si algún letrado le pide amparo él se lo dará, porque los tiempos de la esclavitud pasaron hace mucho.

El problema no sólo es con Gürtel. Afecta a todos los procesos en los que se acusa a personas jurídicas sin recursos.

El origen del problema, en la reforma del Código Penal

¿Pero cómo hemos llegado hasta aquí?; ¿Por qué esos abogados no cobran si están haciendo un trabajo? El problema tiene su origen en la reforma del Código Penal de 2015, que permitió que las personas jurídicas -empresas o partidos políticos- fueran acusadas en procedimientos penales. Hasta ese momento, la ley no lo permitía, y por eso mismo, el PP sólo fue acusado en el juicio de los papeles de Bárcenas como responsable civil subsidiario. En los otros casos Gürtel (como este), como partícipe a título lucrativo. 

Pues bien, se supone que todas las personas acusadas en un procedimiento penal tienen derecho a un abogado del turno de oficio, porque es obligación que los acusados tengan una defensa. Pero a la vez, eso choca con la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que excluye a las personas jurídicas.

En el caso de los grandes procedimientos por corrupción -como la Gürtel- esto afecta exclusivamente al Colegio de Abogados de Madrid, porque se juzgan en la Audiencia Nacional y luego siguen en el Supremo, y al ser tribunales que están en Madrid, siempre se llama a abogados del Turno de Oficio de la Comunidad.  

Para solventarlo el Colegio de Abogados de Madrid firmó dos convenios, uno con la Comunidad de Madrid, que sigue pagando a los abogados que representan a personas jurídicas en Plaza de Castilla o la Audiencia Provincial, y otro con el Ministerio de Justicia. En 2019, con el cambio de Gobierno, el convenio no se prorrogó y en estos momentos se encuentra pendiente de revisión y/o anulación. Consecuencia: El Ministerio no paga las defensas de las personas jurídicas.

Justicia se plantea una solución a largo plazo

En respuesta a NIUS, el Ministerio de Justicia recuerda que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita solo prevé la asistencia para personas físicas. A pesar de que el Código Penal prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas, aquella reforma no llevó aparejada la de la ley de asistencia jurídica gratuita.

Justicia cree que lo procedente es hacer una valoración del impacto económico para buscar la solución adecuada a esta situación, que afectaría no solo al Ministerio sino a todas las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de justicia.

De momento, los abogados de oficio designados para defender a las empresas de este procedimiento Gürtel, parece que no cobrarán por el juicio. Además, señalan algunas de las defensas afectadas, si se anula el convenio podrían tener que devolver lo que han cobrado por su trabajo de preparación del juicio, que es un 70 por ciento. En total, una de las defensas afectadas explica a NIUS que podríamos estar hablando de unos 30.000 euros. Y en algunos casos, de procedimientos ya terminados, hasta de 50.000. 

¿Y qué pasa con los impuestos que hemos pagado por el dinero que hemos cobrado?, eso no nos lo va a devolver nadie, así que nos sale a pagar, señalan las fuentes implicadas. Para estas personas, el problema está en al incluir a las personas jurídicas en el catálogo de acusables en lo Penal, no se articuló la forma de retribuirles por su trabajo. 

Ahora, se sienten en medio de un fuego cruzado y obligados por el deber deontológico del Derecho a la Defensa que tiene cualquier investigado, procesado o acusado. 

No es de recibo que un abogado trabaje gratis, bastante poco cobran ya (José María Alonso, decano del Colegio de Abogados de Madrid)

José María Alonso está con los letrados del turno de oficio. Para él está meridianamente claro que no es de recibo pretender que un abogado trabaje gratis, porque bastante poco cobran ya. 

Además, explica que el problema se agranda porque las causas que hay en la Audiencia Nacional son especialmente complejas, y les pueden llevar meses de trabajo. La aspiración de los letrados del turno de oficio es cobrar por su trabajo, la era de la esclavitud pasó hace mucho tiempo. 

Alonso defiende con fuerza su postura: Es un tema que me subleva, es como si el juez o el fiscal llevara el procedimiento sin cobrar su sueldo, añade. Además no entiende por qué no se soluciona, ya que en realidad hablamos de pocos casos. Las empresas -especialmente si están activas- no suelen tener problema para contratar un abogado que las defienda. La pregunta es: ¿Qué pasa con las empresas que no tienen recursos?

Sobre lo que va a ocurrir con el juicio que comienza el martes, no tiene duda: Si uno de estos abogados  dice no va a seguir, el Colegio lo tendrá que amparar. No tenemos otra alternativa, no podemos obligar a los compañeros y compañeras a que trabajen gratis, asegura a sólo unos días de la primera sesión. 

Los beneficiados, las empresas

Aunque a los últimos abogados que lo han intentado, no se le ha permitido renunciar, por la cercanía del juicio, otros sí lo han podido hacer antes. El Tribunal, en esos casos, ha declarado rebeldes civiles a las empresas. Eso significa que no tendrán que estar en el juicio, aunque sí serán parte del procedimiento. Las condenas que se piden para ellas son económicas.

En cualquier caso, estas empresas están todas en liquidación o disueltas, según informan a NIUS fuentes conocedoras del caso, y será difícil llegar hasta a ellas reclamarles los honorarios debidos. Por eso, no se espera que ninguna mueva un dedo dentro del caso, igual que no hicieron nada en su día para contratar a un abogado. 

La respuesta que han recibido en la Audiencia Nacional es que se lo pidan al administrador concursal que se encargó de la liquidación de cada empresa. A ellos los suena como un búscate la vida.

 


 
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